¿Por qué Raúl Castro debe responder por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate?

A casi 30 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, vuelve a plantearse una pregunta que ha marcado durante décadas la relación entre Cuba y Estados Unidos: ¿por qué Raúl Castro debe responder por el asesinato de los pilotos?

En una columna publicada en el Miami Herald, Frank Calzon, exdirector ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, y John Suárez, actual director ejecutivo de esa organización, sostienen que “el presidente Trump debería responsabilizar a Cuba por el derribo del avión de Hermanos al Rescate”.

Recuerdan que “hace 30 años —el 24 de febrero de 1996— cuatro activistas de derechos humanos que viajaban a bordo de dos aviones Cessna en busca de balseros en el estrecho de Florida fueron derribados por aviones de guerra cubanos”.

Las víctimas fueron Mario de la Peña (24), Carlos Costa (30), Armando Alejandro Jr. (45), ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales (30), residente permanente en Estados Unidos. Todos vivían en Miami-Dade y eran miembros de la organización humanitaria del exilio cubano.

Sus dos avionetas, que “sobrevolaban lo que se creía eran aguas internacionales”, fueron destruidas por misiles cubanos y “sus cuerpos nunca fueron recuperados”, subraya el artículo.

Calzon y Suárez son categóricos al señalar responsabilidades: “Fidel y Raúl Castro fueron los responsables del crimen”.

En ese momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas. Según recuerdan, en una grabación del 21 de junio de 1996 reconoció que dio la orden: “Dije que trataran de abatirlos”. Para los autores, “fue un acto premeditado de terrorismo de Estado”.

El texto también recuerda que Madeleine Albright, entonces secretaria de Estado, presentó “pruebas irrefutables de la responsabilidad de Cuba en este acto terrorista” ante la comunidad internacional, y que la Casa Blanca prometió que se haría justicia.

Sin embargo, aunque el Miami Herald informó de varias acusaciones formales, el juicio nunca se celebró debido a la discreción de la fiscalía.

En 2003, la fiscalía federal acusó al general Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea Cubana, así como a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez. No obstante, ninguno fue llevado ante la justicia. Martínez Puente falleció en 2021.

El artículo también recuerda que en el año 2000 el jefe de espionaje cubano Gerardo Hernández fue condenado a doble cadena perpetua por espionaje y conspiración para cometer asesinato por la información que proporcionó a La Habana y que contribuyó al derribo.

Su sentencia fue conmutada en 2014 durante el deshielo entre la administración Obama y Raúl Castro. Actualmente, Hernández supervisa actividades de vigilancia en Cuba.

Calzon y Suárez subrayan que “ninguna ley internacional otorga inmunidad soberana a los parlamentarios” y que “el plazo de prescripción no se aplica a los actos terroristas”. Por ello, sostienen que “Raúl Castro, al igual que sus subordinados que cumplieron sus órdenes y fueron acusados de este delito, debería ser procesado”.

“El hecho de no exigir responsabilidades a los líderes cubanos alienta a Cuba a cometer otros atroces actos de terrorismo de Estado contra los estadounidenses”, recalca el texto.

La discusión se produce en un momento en que cuatro congresistas cubanoamericanos —Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis— pidieron al presidente Donald Trump que impulse cargos criminales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el ataque.

En una carta fechada el 13 de febrero de 2026, solicitaron que el Departamento de Justicia considere acusarlo formalmente por el derribo de las dos avionetas civiles en aguas internacionales y evaluar la emisión de una alerta roja de Interpol.

El lugar exacto del derribo es clave. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que los derribos ocurrieron fuera del espacio aéreo cubano, lo que ha sido utilizado para argumentar que Estados Unidos podría sustentar jurisdicción por tratarse de un crimen contra ciudadanos estadounidenses en espacio internacional.

Desde Cuba, el dirigente Gerardo Hernández Nordelo cuestionó en redes sociales la viabilidad jurídica de una acusación penal contra Raúl Castro, ironizando sobre el argumento de que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

Más allá de los obstáculos legales —como la inmunidad y la ausencia de posibilidades reales de extradición—, los impulsores de la iniciativa sostienen que el valor del proceso sería político y moral: dejar establecido formalmente que se trató de un asesinato de ciudadanos estadounidenses y que los responsables deben enfrentar consecuencias.

El propio artículo del Miami Herald cita al entonces senador Marco Rubio, quien en febrero de 2016 afirmó: «Una de las cosas más escalofriantes que he escuchado en mi vida es la grabación de audio de los pilotos del régimen pidiendo órdenes para matar a estos hombres y luego celebrando su derribo. El asesinato de estos estadounidenses fue una grave violación de la ley estadounidense por la cual no se ha hecho justicia».

Para Calzon y Suárez, bajo una política de “América Primero”, hacer que “Raúl Castro y sus secuaces, responsables del asesinato de estadounidenses, rindan cuentas envía un mensaje contundente a los enemigos de Estados Unidos y protegerá vidas estadounidenses”.

Treinta años después, el caso sigue siendo una herida abierta. La pregunta que hoy vuelve al centro del debate político en Washington es si esa deuda histórica puede finalmente traducirse en un proceso judicial contra quien, según los autores, dio la orden de “abatirlos”.