Unas 11 mil personas en Venezuela tenían medidas judiciales impuestas por el régimen

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela afirmó que la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía “atiende la solicitud de más de 11 mil personas que se encontraban con medidas sustitutivas a la privación de libertad”. En una publicación en X, Jorge Rodríguez señaló que estas medidas eran regímenes de presentaciones o de casa por cárcel, y que la ley contempla que “esas medidas sustitutivas” sean levantadas para que las personas “puedan disfrutar de libertad plena”.

En su intervención pública también afirmó que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad, que se acogen a la ley de amnistía”. Rodríguez agregó que esta implementación forma parte de lo que calificó como “el aporte nuestro … de todas y de todos los que creemos en la necesidad del diálogo para la construcción de la paz”, y enfatizó que buscarán una “paz donde todos nos respetemos entre todos”.

Las declaraciones se producen en el marco de la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela que fue aprobada de forma unánime por la Asamblea Nacional y que excluye delitos como violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, tráfico de drogas y acciones armadas contra la soberanía del país, así como otros tipos de delitos graves. La legislación fue enviada para su firma y publicación en la Gaceta Oficial tras ser debatida en el Parlamento.

La ley de amnistía, impulsada en un momento de excarcelaciones y revisión de detenciones tras la transición política ocurrida en el país, busca aplicar beneficios para personas procesadas o encarceladas por hechos relacionados con crisis políticas ocurridas desde 2002 hasta 2025, aunque deja fuera a ciertos casos según lo establecido en su articulado.

El mismo debate parlamentario incluyó el reconocimiento de que hubo una “mala utilización” de la Ley contra el Odio, normativa aprobada en 2017 y criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores como un instrumento de persecución política, y que podría ser sometida a reforma. Rodríguez admitió que esta Ley contra el Odio tuvo usos indebidos y sus alcances están siendo revisados.

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, han documentado las excarcelaciones y liberaciones en Venezuela en 2026 desde que se anunció el proceso a principios de enero, aunque señalan que aún quedan personas detenidas y que los procesos de aplicación de la amnistía han generado debates sobre su alcance real y condiciones. Además de las cifras oficiales, estos grupos han registrado liberaciones que incluyen condiciones judiciales, como prohibiciones de contacto con medios o limitaciones para salir del país, que aún afectan a quienes reciben medidas sustitutas o salidas de prisión tras la entrada en vigor de la ley.

El anuncio de la cifra de más de 11 mil personas bajo medidas cautelares también ha generado reacciones en redes sobre los efectos y alcances de la nueva legislación, mientras se espera que el comité especial avance en la evaluación de los casos para determinar si procede el levantamiento de las restricciones judiciales y la libertad plena de las personas afectadas.