Muere un cubano en Matanzas tras activar una trampa artesanal mientras intentaba robar

Un hombre de 40 años murió en el municipio de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, tras activar una trampa artesanal colocada en una finca, mientras presuntamente intentaba sustraer del lugar productos agrícolas junto a un familiar.

El hecho ocurrió en la finca San Rafael -ubicada en la zona de Torriente- según informó el perfil oficialista de Facebook “Con Todos la Victoria”.

De acuerdo con la fuente, el hombre perdió la vida al activar un mecanismo colocado en la cerca de la finca.

Lo más tremendo es que, según el relato oficialista, el fallecido y su primo habrían entrado a la propiedad con la intención de llevarse limones.

Su primo, que lo acompañaba en el momento del incidente, fue detenido por las autoridades.

“Ciertamente es una manera bastante fuerte para escarmentar, perder la vida por unos cuantos limones...", advirtió la publicación, que concluyó indicando que continúa la investigación para aclarar todos los detalles del lamentable hecho.

Denuncia de la madre de dos de los hijos del hombre fallecido

El caso generó una intensa polémica en redes sociales.

Entre los comentarios destacó el de la madre de dos hijos del fallecido, quien aseguró que la trampa estaba diseñada para causar la muerte de quien la activara, y cuestionó que el propietario de la finca se encuentre en libertad.

“Aquí les escribe la madre de dos de sus hijos, que solo tienen 3 y 4 años y aún no saben que su padre está muerto”, expresó.

“Aquí nadie tiene derecho a robar, pero tampoco nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, añadió la mujer.

Según su testimonio, el hombre murió casi de inmediato tras activar el mecanismo.

“La trampa estaba puesta para que el que entrara, muriera. Falleció al momento, le cogió todos los órganos: corazón, hígado y pulmón”, afirmó, y no dudó en compartir una foto que mostró el estado en que quedó el torso del hombre víctima de la trampa.

También denunció que el primo del fallecido permanece detenido, mientras que el dueño de la finca -según su versión- estaría en libertad tras pagar una fianza.

Debate encendido en redes sociales

La publicación desató cientos de comentarios y un debate que evidenció la polarización existente en Cuba en torno al aumento de los robos en zonas rurales y los límites de la defensa de la propiedad privada.

Muchos internautas defendieron al propietario de la finca y justificaron el uso de trampas para evitar robos.

“Muy bueno eso de poner trampas porque los bandoleros te lo llevan todo tierno. Ni un racimo de plátano puedes tener”, comentó un usuario.

“El que entra a robar a propiedad ajena está a sabiendas de que puede pasar algo así”, opinó otro.

Algunos afirmaron que los campesinos viven bajo constante presión por los robos de cosechas.

“Los campesinos están hartos de los delincuentes que les roban todo. Denuncian y nunca pasa nada”, escribió otro comentarista que dijo ser residente de la zona.

En general, muchos internautas defendieron el derecho a proteger las cosechas ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las autoridades frente a la delincuencia.

“El campesino trabaja de sol a sol para que venga un ladrón a llevarse el sudor de su trabajo”, señaló otro comentarista.

Voces críticas con el uso de trampas

Sin embargo, otras personas cuestionaron que se utilicen mecanismos potencialmente mortales para proteger una propiedad.

“La vida de un ser humano, por bandolero que sea, vale más que las producciones”, escribió un internauta que dijo tener también una finca.

Otros alertaron sobre el peligro de que ese tipo de dispositivos pueda causar la muerte de personas inocentes.

“He conocido casos donde un niño ha perdido la vida por esas trampas”, advirtó un internauta.

Un problema creciente en el campo cubano

El caso también reavivó el debate sobre la inseguridad en zonas agrícolas de Cuba, donde numerosos productores denuncian robos frecuentes de cosechas, animales y equipos.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el robo de productos agrícolas se ha convertido en una queja recurrente entre campesinos, quienes aseguran que las sanciones contra los responsables suelen ser leves y no disuaden la reincidencia.

Al mismo tiempo, juristas han advertido que el uso de trampas capaces de causar lesiones graves o la muerte puede implicar responsabilidades penales para quienes las colocan.

Mientras las autoridades investigan el caso ocurrido en Jagüey Grande, el suceso ha dejado al descubierto la tensión entre el derecho a proteger la propiedad y los límites legales de esa defensa en un contexto marcado por la escasez y el aumento de la delincuencia.