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Un grupo de alguaciles en Florida, muchos de ellos identificados con posturas conservadoras y alineados históricamente con políticas migratorias estrictas, ha comenzado a cuestionar públicamente las deportaciones masivas de inmigrantes sin antecedentes penales, en lo que representa un giro significativo dentro del propio aparato policial del estado.
Las declaraciones se produjeron este lunes durante una reunión del Consejo Estatal de Cumplimiento de Inmigración, un órgano integrado por cuatro sheriffs y cuatro jefes de policía municipales, creado el año pasado como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Ron DeSantis para reforzar la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.
El pronunciamiento más contundente vino del sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien preside el consejo y ha sido una figura clave en el impulso de políticas de línea dura en Florida.
Durante la reunión, Judd planteó que las deportaciones deberían centrarse en inmigrantes con historial criminal, y no en personas que llevan años viviendo y trabajando en el país sin infringir la ley.
“Esas son las personas que necesitamos en este país, a las que acogemos, porque somos un país de inmigrantes”, afirmó, según reflejaron en las últimas horas numerosos medios de prensa del estado.
El alguacil describió a ese grupo como individuos que, pese a no cometer delitos, están siendo alcanzados por operativos migratorios.
“Aquí hay gente que trabaja duro, tiene hijos en la universidad, va a la escuela, asiste a la iglesia los domingos… no están violando la ley y están viviendo el sueño americano”, insistió.
Al mismo tiempo, defendió la necesidad de mantener la expulsión de quienes sí representan un peligro: “Pero hemos permitido que lo que yo llamo alborotador criminal inunde este país y victimice a la gente”.
Preocupación por deportaciones indiscriminadas
Uno de los puntos que generó mayor consenso entre los alguaciles fue el impacto de las redadas en personas que no eran el objetivo inicial de las autoridades.
El sheriff del condado de Charlotte, Bill Prummel, alertó sobre las llamadas detenciones colaterales.
“Pero, por desgracia, cuando ICE se involucra, aparecen los detenidos colaterales, y eso es lo que está pasando”, dijo.
Según los funcionarios, muchas de las personas afectadas por estos operativos son trabajadores integrados en sus comunidades, que forman parte de la economía local y que no cuentan con antecedentes penales.
Judd también señaló haber recibido preocupaciones de sectores conservadores activos políticamente y económicamente, inquietos por la deportación de inmigrantes que, en sus palabras, “están siendo arrastrados y sacados del país” pese a no haber cometido delitos.
Durante la reunión, los alguaciles coincidieron en señalar la falta de acción del Congreso como una de las causas principales del problema.
“Tienen que ponerse las pilas y arreglarlo”, reclamó Prummel.
Judd fue aún más directo al describir la realidad que enfrentan en el terreno.
“Mientras el Congreso se queda de brazos cruzados y no hace nada al respecto, nosotros estamos en primera línea día tras día, mirando a los ojos de estas personas que, sí, vinieron aquí de forma irregular… pero algunos vinieron solo para mejorar su vida y la de sus familias”, subrayó.
Los alguaciles reconocieron además que, pese a sus preocupaciones, tienen un margen de acción limitado.
Propuestas: sanciones civiles en lugar de deportación
Lejos de plantear una política permisiva, los alguaciles sugirieron alternativas más restrictivas que la deportación para los inmigrantes sin antecedentes penales.
Entre las propuestas discutidas se encuentran multas civiles, la obligación de aprender inglés y requisitos estrictos de integración.
“Les vamos a dar cinco años, y tienen que aprender a hablar inglés. Tienen que pagar una multa por haber entrado ilegalmente al país”, explicó Judd.
“Y no pueden vivir del dinero del contribuyente; tienen que trabajar; tienen que llevar a sus hijos a la escuela”, añadió.
Estas medidas, según los participantes, permitirían distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes ya forman parte del tejido social y económico del país.
Posible presión política a nivel federal
Como parte de la discusión, el consejo evalúa redactar una carta dirigida al presidente Donald Trump, al liderazgo del Congreso y a agencias federales para pedir directrices más claras y explorar una vía de regularización para ciertos inmigrantes.
Judd reveló que incluso ya hubo conversaciones a nivel estatal con el presidente sobre este tema: indicó que Trump “no estaba en contra de esa conversación” respecto a este tipo de inmigrantes.
El planteamiento supone un cambio notable si se tiene en cuenta que, hace menos de un año, el propio Judd pedía ampliar las facultades para acelerar deportaciones, incluso de personas sin antecedentes ni órdenes de expulsión.
La repercusión de los planteamientos de Grady Judd fue tal, que ofreció una conferencia de prensa este miércoles para aclarar sus comentarios sobre las deportaciones masivas en el estado.
“De hecho, apoyamos la deportación masiva de inmigrantes ilegales, aquellos que son delincuentes, aquellos que tienen órdenes de deportación, aquellos que están aquí causando estragos y problemas”, aclaró Judd.
Contraste con la política de DeSantis
El posicionamiento de los alguaciles marca distancia con la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha promovido una de las estrategias más agresivas del país.
Hay que recordar que Florida:
-Obliga a la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.
-Cuenta con más de 230 agencias policiales integradas al programa 287(g), que permite a oficiales locales colaborar directamente con ICE.
-Ha desarrollado infraestructuras de detención como el centro conocido como “Alligator Alcatraz”.
Además, en operativos recientes, como una redada en una obra en construcción en Tallahassee, cerca del Capitolio estatal, unas 150 personas fueron detenidas y en su mayoría deportadas.Un debate que evidencia tensiones internas
Más allá del contenido, el episodio refleja una tensión creciente dentro de las propias fuerzas del orden en Florida.
Que sean alguaciles republicanos -muchos de ellos protagonistas de la política migratoria del estado- quienes cuestionen las deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales, evidencia un debate que ya no se limita a activistas o políticos, sino que alcanza a quienes ejecutan la ley en el terreno.
Mientras las autoridades federales intensifican los operativos, los propios agentes locales reconocen el dilema humano que enfrentan cada día: personas que, aunque llegaron sin autorización, llevan años construyendo una vida sin infringir la ley.
Y en medio de esa contradicción, crece una pregunta que comienza a dividir incluso a los sectores más duros: si todas las deportaciones deben tratarse igual, o si el sistema actual está alcanzando también a quienes -como admiten los propios alguaciles- “son las personas que necesitamos en este país”.
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