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El abogado migratorio Haim Vásquez, del Haim Vásquez Legal Group con sede en Dallas e Irving, Texas, advirtió en una entrevista con Univision que abandonar Estados Unidos -ya sea por deportación, pérdida de estatus o decisión propia- no elimina automáticamente las obligaciones financieras contraídas en el país.
La advertencia llega en un momento en que miles de migrantes, incluidos muchos cubanos, enfrentan presiones para salir del territorio estadounidense.
Las deudas no desaparecen con la salida
Vásquez fue directo: "Un conflicto migratorio no siempre es válido para lograr el perdón de deudas".
Según el abogado, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y otras obligaciones financieras permanecen vigentes independientemente del estatus migratorio del deudor.
Además, alertó que "cualquier bien que la persona deje en el país podría ser incautado bajo un proceso legal por los acreedores".
Aunque la Cuarta Enmienda de la Constitución protege la propiedad privada y el gobierno no confisca bienes automáticamente por deportación, los acreedores privados sí pueden iniciar procesos civiles de embargo, ejecución hipotecaria o recuperación de vehículos en cuanto los pagos se interrumpen.
Un análisis legal detallado sobre los bienes de migrantes deportados explica los distintos escenarios posibles.
El abogado Octavio Cardona-Loya, citado en otros medios, resumió el escenario más extremo con una advertencia sin matices: "Si llegas a ese punto, lo pierdes todo".
Daño al historial crediticio y bloqueo al retorno
Las consecuencias no se limitan a los bienes físicos.
Las deudas impagas dañan el historial crediticio en burós como Equifax o TransUnion, y ese registro puede convertirse en un obstáculo directo para futuras solicitudes de visa, Green Card o reingreso al país.
Las deudas y el mal crédito afectan los trámites migratorios de formas que muchos desconocen.
A esto se suma que los bancos pueden congelar o cerrar cuentas al detectar que el titular ha cambiado su dirección a un país extranjero.
De hecho, cubanos en EE.UU. han comenzado a recibir alertas bancarias por su estatus migratorio, complicando aún más la gestión financiera a distancia.
Las deudas de manutención infantil (child support) también persisten tras la deportación y pueden afectar solicitudes de ciudadanía.
Las multas de ICE, otro frente de riesgo
Paralelo a las deudas privadas, existe un riesgo adicional para quienes tienen órdenes de deportación pendientes y no salen del país: ICE impone multas de hasta 998 dólares por día, basadas en la Ley de Inmigración de 1996 y reactivadas por la administración Trump.
Estas multas pueden acumularse por hasta cinco años, superando el millón de dólares.
Abogados advierten sobre estas multas millonarias de ICE como mecanismo de presión para la autodeportación.
En junio de 2025, ICE había emitido más de 10,000 de estas multas.
Si no se pagan, el Departamento de Justicia puede embargar bienes, salarios y devoluciones de impuestos.
Se han documentado casos de cubanos con multas de cientos de miles de dólares, y en mayo de 2025 un hispano recibió una multa de 1,771,450 dólares por dos décadas de incumplimiento.
¿Qué hacer antes de salir?
Los expertos coinciden en que la planificación previa es indispensable.
Las recomendaciones incluyen inventariar todos los activos, redactar un poder notarial (power of attorney) para un representante de confianza en Estados Unidos, programar transferencias bancarias, negociar planes de pago con acreedores antes de partir y, en caso de propiedades, evaluar venderlas o arrendarlas.
Migrantes deportados con propiedades en EE.UU. enfrentan un limbo legal que puede extenderse por años.
El consejo más urgente es consultar a un abogado de inmigración antes de usar la aplicación CBP Home, el programa de autodeportación voluntaria del gobierno de Trump que ofrece hasta 2,600 dólares más vuelo gratis.
Al activar esa opción, los migrantes pueden renunciar a derechos legales sin comprender completamente las protecciones para las que podrían calificar, según advierte el National Immigration Law Center (NILC).
El caso de Willy Salazar, deportado tras casi tres décadas en Texas, ilustra el limbo que puede quedar: dejó una casa que construyó pero no puede venderla ni transferirla sin gestionar citas en la embajada estadounidense desde el exterior, un proceso que puede extenderse indefinidamente.
Testimonios como el de un cubano autodeportado a México tras cuatro años en EE.UU. reflejan la complejidad de estas situaciones.
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