Vídeos relacionados:
El régimen cubano volvió a responsabilizar a Estados Unidos por la crisis alimentaria en la Isla, tras la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución presentada por La Habana en defensa del derecho a la alimentación.
Durante la sesión celebrada en Ginebra, representantes del gobierno cubano denunciaron el supuesto carácter “inhumano e ilegal” del embargo estadounidense, al que atribuyen el deterioro de la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, las propias cifras del comercio bilateral revelan una realidad muy distinta.
Desde la entrada en vigor de la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSREEA) en el año 2000, Estados Unidos permite la exportación de alimentos y productos agrícolas a Cuba, bajo condiciones como el pago en efectivo por adelantado. Es decir, no existe una prohibición total del comercio alimentario, sino un régimen restrictivo pero operativo.
De hecho, Cuba ha importado de manera sostenida alimentos desde EE. UU. durante más de dos décadas. Entre 2001 y 2025, las compras acumuladas superan los 7.800 millones de dólares, lo que confirma que el suministro desde ese país no solo es posible, sino estructural.
Solo en 2025, entre enero y mayo, las importaciones de alimentos desde Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 204,9 millones de dólares. El pollo congelado domina ampliamente estas compras, representando en algunos meses más del 40% del total, y consolidándose como una de las principales fuentes de proteína para la población cubana.
Si se mantiene ese ritmo, las importaciones anuales podrían superar los 400 millones de dólares, uno de los niveles más altos registrados en la última década.
Este flujo constante de alimentos desmonta el argumento de una supuesta asfixia total. Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, una dependencia que responde principalmente a la baja productividad agrícola interna, la falta de incentivos y las ineficiencias del modelo económico estatal.
A pesar de ello, el discurso oficial insiste en atribuir la escasez al embargo. La realidad es más compleja: aunque existen limitaciones financieras —como la imposibilidad de acceder a créditos y las dificultades para realizar pagos internacionales—, el comercio de alimentos con Estados Unidos sigue funcionando y ha crecido en momentos de mayor crisis interna.
La paradoja es evidente. Mientras el régimen denuncia en foros internacionales el uso de los alimentos como herramienta de presión política, depende en gran medida de importaciones provenientes del mismo país al que acusa.
A esto se suman factores internos determinantes: una agricultura en declive, decisiones económicas que han priorizado sectores como el turismo por encima de la producción de alimentos, y una falta crónica de divisas.
Incluso las recientes medidas para flexibilizar importaciones privadas y eliminar aranceles en determinados productos reflejan el reconocimiento implícito de que el sistema estatal no logra garantizar el abastecimiento.
En este contexto, culpar exclusivamente a factores externos no solo resulta insuficiente, sino que oculta las causas estructurales de una crisis alimentaria que el propio modelo económico ha contribuido a profundizar.
Dolarización, desigualdad y control interno
A esta contradicción se suma "la política de dolarización parcial de la economía" impulsada por el propio régimen en los últimos años.
Buena parte de los alimentos importados —incluidos los adquiridos a Estados Unidos— se comercializan en tiendas en divisas a precios que pueden triplicar los del mercado de origen, dejando fuera a quienes no tienen acceso a dólares.
Este modelo no solo agrava la desigualdad social, sino que también canaliza ingresos hacia el conglomerado militar GAESA y las élites vinculadas al poder, que controlan gran parte del comercio en moneda fuerte.
Al mismo tiempo, las Mipymes y actores privados dependen de estas importaciones y de los canales controlados por el Estado para operar, lo que refuerza su subordinación al sistema.
En contraste, la mayoría de los cubanos, sin acceso a divisas, queda relegada a un sistema de racionamiento cada vez más debilitado, con una libreta de abastecimiento en proceso de desaparición.
En la práctica, el Estado no solo reconoce su incapacidad para producir alimentos suficientes, sino que además administra su escasez mediante un esquema que prioriza la captación de divisas sobre el acceso equitativo a bienes básicos.
Archivado en: