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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este martes con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en el marco de su cuarta visita oficial a China en cuatro años consecutivos, y declaró que el vínculo entre España y China sale reforzado tras este viaje oficial.
Tras el encuentro, Sánchez publicó en su cuenta de X que "en un mundo cada vez más incierto, España apuesta por una relación UE-China basada en la confianza, el diálogo y la estabilidad", y añadió que ambos países "deben seguir avanzando hacia un orden multipolar construido desde el respeto y el pragmatismo".
La visita, que se extiende del 11 al 15 de abril, e incluye la firma de 19 acuerdos bilaterales —cinco agroalimentarios, cuatro comerciales y otros en ciencia, tecnología, cultura y biodiversidad—, un foro empresarial con 36 líderes chinos y un discurso ante más de 400 estudiantes en la Universidad Tsinghua el pasado domingo.
El acercamiento de Sánchez a Pekín se produce en un momento de grave tensión con Washington. Desde el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra Irán, España se negó a autorizar el uso de sus bases militares de Rota y Morón de la Frontera para esas operaciones, invocando el convenio bilateral de defensa de 1988.
El 30 de marzo, Madrid cerró además su espacio aéreo a aviones estadounidenses vinculados al conflicto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue categórica: "Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano que no se autorizaban las bases ni el espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán".
Trump respondió amenazando con recortes comerciales contra España y respaldando la posibilidad de retirar las bases militares estadounidenses del país. En ese contexto, China se alineó públicamente con Madrid: la portavoz Mao Ning rechazó el uso del comercio como "arma política" y criticó los ataques a Irán.
Este alineamiento no es casual ni nuevo. La relación España-China lleva décadas marcada por una política de evitar toda fricción con Pekín, cuyo origen más claro se remonta al caso del Tíbet en la Audiencia Nacional.
En 2003, una querella contra el expresidente chino Jiang Zemin por genocidio y torturas en el Tíbet provocó represalias económicas directas de China contra España.
En febrero de 2014, el juez Ismael Moreno llegó a emitir órdenes de busca y captura internacional contra Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Tribunal Supremo archivó definitivamente la causa, aplicando una reforma legislativa que restringió la jurisdicción universal.
El Gobierno chino agradeció públicamente al Gobierno español la reforma y el archivo. Acorde a El País, activistas tibetanos denunciaron entonces que España cambia derechos humanos por dinero. Desde ese episodio, ningún gobierno español ha vuelto a confrontar a China en foros internacionales de forma directa.
En su discurso en la Universidad Tsinghua, Sánchez señaló que el desequilibrio comercial —China representa el 11% de las importaciones españolas pero solo recibe el 2% de sus exportaciones— es "insostenible", y pidió a Xi "comprensión y voluntad de trabajo" para corregirlo.
Según la Cadena Ser, Xi Jinping, declaró por su parte que tanto China como España se encuentran en el lado correcto de la historia frente a la "ley de la selva" que, según ambos mandatarios, socava el derecho internacional.
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