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El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el Real Decreto que pone en marcha la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, una medida histórica que podría beneficiar a entre 500,000 y 840,000 personas, entre ellas miles de cubanos.
El presidente Pedro Sánchez anunció la aprobación mediante una carta abierta a la ciudadanía y publicaciones en redes sociales, calificando la medida como un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
España no realizaba una regularización masiva desde 2005, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a unas 700,000 personas, lo que convierte esta decisión en la más significativa en materia migratoria en 21 años.
La medida tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600,000 firmas, que llegó al Congreso pero quedó bloqueada por falta de acuerdo político, y que el Gobierno anunció el 26 de enero que asumiría mediante decreto.
Para acogerse a la regularización, los migrantes deben haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada al momento de la solicitud, y carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen en los últimos cinco años.
También podrán beneficiarse los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025.
Las solicitudes telemáticas podrán iniciarse desde el jueves 16 de abril, las presenciales desde el 20 de abril, y el plazo cierra el 30 de junio de 2026.
La autorización inicial será de un año, prorrogable, y desde la admisión a trámite —en aproximadamente 15 días— se autoriza provisionalmente la residencia y el trabajo en todo el territorio nacional.
La comunidad cubana en España alcanzó aproximadamente 287,490 personas empadronadas a finales de 2025, tras la llegada de más de 35,200 cubanos durante ese año, lo que la convierte en uno de los colectivos con mayor potencial de beneficiarse.
Sin embargo, los cubanos enfrentan obstáculos específicos: la legalización de documentos en el Consulado de España en La Habana demora entre cuatro y seis meses, agravada por la burocracia del régimen y los frecuentes apagones.
El abogado Mario Dueñas alertó que estas demoras hacen difícil cumplir el plazo del 30 de junio, lo que podría dejar fuera a muchos cubanos que, en teoría, cumplirían los requisitos.
La regularización se presenta además como una vía alternativa crucial para quienes han visto denegadas sus solicitudes de asilo: en 2025, España solo concedió protección internacional a entre 36 y 38 cubanos, rechazó más de 150 solicitudes y archivó 998 expedientes sin evaluación de fondo.
La medida ha generado fuerte oposición del Partido Popular y Vox: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de reparto de papeletas, no de papeles, mientras que la eurodiputada popular Dolors Montserrat la tildó de atentado contra la política migratoria europea.
La Comisión Europea confirmó que la regularización es competencia nacional y no viola el Pacto Migratorio de la Unión Europea, aunque el comisario Magnus Brunner advirtió que un permiso de residencia no es un cheque en blanco.
Sánchez defendió la medida con un argumento que apunta directamente a quienes la critican: la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.
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