Demandan a Pedro Sánchez ante la CPI por presunta complicidad de España con Irán en venta de material bélico



Pedro Sánchez en China (imagen de referencia) © X / @sanchezcastejon
Pedro Sánchez en China (imagen de referencia) Foto © X / @sanchezcastejon

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La organización jurídica israelí Shurat HaDin presentó este martes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el primer ministro español Pedro Sánchez, acusándolo de complicidad en crímenes de guerra por haber permitido la exportación de componentes de doble uso vinculados a explosivos a Irán.

La denuncia fue presentada al amparo del Artículo 15 del Estatuto de Roma y se basa en exportaciones españolas a Irán valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros entre 2024 y 2025, que, según la Cadena Ser, incluirían detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y software de control.

Shurat HaDin argumenta que estos materiales no son simples productos industriales, sino elementos críticos para el funcionamiento de artefactos explosivos, y que su uso contra población civil era "previsible y probable" dado el historial de Irán como financiador de grupos armados.

El argumento jurídico central descansa en el principio de complicidad del derecho penal internacional: quien provee medios indispensables para la comisión de un crimen puede ser considerado cómplice, aunque no sea el ejecutor directo.

La organización señala que Irán arma desde hace años a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes, que utilizan cohetes y sistemas explosivos contra zonas civiles, y que los componentes exportados por España pudieron haber contribuido a esos ataques.

La denuncia incorpora también una acusación de incoherencia política: mientras Sánchez critica abiertamente a Israel en foros internacionales, su gobierno habría permitido transferencias de material que reforzaron las capacidades militares de Teherán y sus aliados.

Además de esta denuncia ante instancias internacionales, existen señalamientos previos —aunque no judicializados— sobre la exportación de material bélico español que habría terminado siendo utilizado por el régimen cubano para la represión interna.

Informes de organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos han advertido en los últimos años sobre la venta de material antidisturbios, equipos tecnológicos, sistemas de vigilancia y otros insumos de doble uso que podrían haber reforzado la capacidad de control y persecución contra la población civil en la isla.

Estas acusaciones, si bien no han derivado en procesos legales como el caso actual vinculado a Irán, han alimentado críticas sobre la política exterior de Madrid y su relación con gobiernos señalados por violaciones de derechos humanos.

El contexto geopolítico agrava la acusación. Cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra Irán, España se negó a autorizar el uso de sus bases militares de Rota y Morón para operaciones de apoyo, lo que desató una crisis diplomática con Washington.

A finales de marzo, España fue más lejos y cerró su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses vinculados al conflicto, mientras que el 2 de marzo la Embajada iraní agradeció públicamente la posición de Madrid.

Medios afines al régimen iraní difundieron imágenes de un misil con la efigie de Sánchez y el mensaje "Gracias, señor primer ministro".

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