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El régimen cubano volvió a incurrir en una contradicción evidente: mientras su aparato propagandístico asegura que “Cuba no debe nada a Estados Unidos”, sus propias declaraciones oficiales muestran que sí ha estado dispuesto a negociar compensaciones por las propiedades confiscadas tras su llegada al poder.
La diferencia no es menor. Es estructural.
En un reciente texto, Razones de Cuba afirma de forma categórica que no existe “deuda histórica, moral ni política” con Washington, y presenta cualquier reclamación de compensación como absurda o ilegítima. El mensaje es claro: Cuba no tiene nada que pagar.
Sin embargo, esa posición choca frontalmente con lo que el propio régimen ha sostenido durante años en escenarios diplomáticos.
Desde el deshielo bilateral de 2015, La Habana ha reconocido las reclamaciones estadounidenses como un asunto pendiente a negociar. En reuniones oficiales entre ambos países se abordó explícitamente el tema de las “reclamaciones y compensaciones mutuas”, y altos funcionarios del MINREX han reiterado en múltiples ocasiones la disposición de Cuba a alcanzar un acuerdo global.
No se trata de interpretaciones externas. Son declaraciones del propio gobierno.
Figuras como el difunto exvicecanciller Abelardo Moreno y el actual viceministro Carlos Fernández de Cossío han afirmado públicamente que Cuba está dispuesta a negociar indemnizaciones a ciudadanos y empresas estadounidenses afectados por las nacionalizaciones, siempre dentro de un esquema que incluya también las reclamaciones cubanas por daños del embargo.
Es decir, el régimen no niega el problema. Lo condiciona. Y ahí es donde aparece la contradicción con el discurso de Razones de Cuba.
Porque no es lo mismo afirmar “no debemos nada” que sentarse a negociar compensaciones, aunque sea bajo el principio de reciprocidad. Lo primero es una negación absoluta; lo segundo, un reconocimiento implícito de que existe un conflicto económico que requiere solución.
Ambas posiciones no pueden sostenerse al mismo tiempo sin generar incoherencia.
Como en el caso de la reciente reunión con funcionarios estadounidenses en La Habana, el régimen vuelve a manejar dos niveles de discurso.
Uno, más pragmático, dirigido a la negociación internacional, donde admite la existencia de disputas y la necesidad de resolverlas. Otro, más ideológico, orientado al consumo interno, donde se niega cualquier obligación y se refuerza la narrativa de confrontación.
El problema es que esa dualidad ya no pasa desapercibida.
En un contexto de crisis profunda, donde el país necesita claridad y no consignas, la ciudadanía cubana recibe mensajes contradictorios: por un lado, se le dice que no hay nada que negociar; por otro, se negocia. Por un lado, se niega toda deuda; por otro, se habla de compensaciones.
No es transparencia. Es cálculo político.
Si el régimen realmente considera que no existe ninguna deuda con Estados Unidos, debería sostener esa posición también en la mesa de negociaciones. Y si, por el contrario, reconoce la necesidad de discutir compensaciones, debería explicarlo con claridad, sin recurrir a discursos absolutos que luego desmiente en la práctica.
Porque negar en público lo que se negocia en privado no fortalece una posición. La debilita. Y, una vez más, deja al descubierto un patrón repetido: un discurso para afuera y otro para adentro. Uno para negociar y otro para cerrar filas. Uno para admitir, otro para despistar y manipular.
El resultado es el mismo: más opacidad, más contradicciones y todavía aún menos credibilidad.
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