Un tribunal federal de apelaciones asestó este viernes un golpe significativo a la política migratoria del presidente Donald Trump al declarar ilegal su intento de suspender el acceso al asilo en la frontera sur de EE.UU., una de las medidas más emblemáticas de su agenda para endurecer el control migratorio.
Según reportó la agencia AP, el fallo bloquea la orden ejecutiva con la que el presidente buscaba restringir el derecho de los migrantes a solicitar protección al llegar al país.
El tribunal coincidió con una instancia inferior al determinar que las leyes federales de inmigración garantizan ese derecho y que el presidente no puede anularlo de forma unilateral.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no autoriza al mandatario a imponer mecanismos alternativos para expulsar a los solicitantes.
En palabras de la jueza J. Michelle Childs, nominada por el expresidente Joe Biden, “la facultad, mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada de determinadas personas extranjeras a los Estados Unidos no contiene autoridad implícita para anular el proceso obligatorio” establecido por la ley.
El diario The Washington Post destacó que el tribunal determinó que el presidente “no puede eludir ese derecho”, subrayando que cualquier intento de modificarlo debe pasar por el Congreso.
Además, los jueces consideraron que la orden ejecutiva pretendía imponer “procedimientos de su propia creación”, algo que excede las competencias del Ejecutivo.
Desde el ámbito legal, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebró el fallo.
Su abogado Lee Gelernt afirmó que la decisión es “esencial para aquellos que huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar solicitudes de asilo bajo la orden ejecutiva ilegal e inhumana de la administración Trump”.
Por su parte, CNN informó que la decisión, adoptada por dos votos a favor y uno en contra, “constituye una derrota significativa para la agenda migratoria de Trump” y anticipa un posible enfrentamiento en la Corte Suprema.
En la opinión mayoritaria, la jueza Childs enfatizó que “impedir que individuos extranjeros que se encuentran físicamente presentes en los Estados Unidos soliciten asilo (…) resulta incompatible con lo establecido en la ley”. A su criterio se sumó la jueza Cornelia Pillard, designada por Barack Obama.
El fallo no fue unánime. El juez Justin Walker, nominado por Trump, emitió un voto disidente en el que consideró que los migrantes podrían acceder a otras formas de protección, aunque no necesariamente al asilo.
Paralelamente, la Casa Blanca defendió la política migratoria del presidente en redes sociales.
En un mensaje publicado en X, afirmó: “Los estadounidenses por fin tienen un presidente decidido a defender el principio fundamental de que Estados Unidos pertenece al pueblo estadounidense, no a millones de personas que intentan eludir nuestras leyes”.
La decisión judicial deja en suspenso la implementación de la orden ejecutiva y marca un nuevo capítulo en la batalla legal sobre la política migratoria en Estados Unidos, un terreno donde el Ejecutivo y los tribunales llevan años enfrentados.
Todo apunta ahora a que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se definirá el alcance real del poder presidencial frente a las leyes migratorias vigentes.
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