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Lo que estamos viendo hoy en Cuba con la campaña “Mi firma por la Patria” no es una demostración de fuerza; es, en realidad, la confesión más clara de una debilidad profunda.
La iniciativa, impulsada por Miguel Díaz-Canel, se presenta como una respuesta patriótica ante tensiones externas. Pero hay algo revelador en todo esto: cuando un gobierno necesita salir a buscar firmas masivas para probar que todavía representa al pueblo, lo que está admitiendo, sin decirlo, es que ya no le basta la legitimidad real. Necesita escenificar apoyo. Necesita convertir la adhesión en ceremonia, la obediencia en imagen.
Y aquí hay un detalle que muchos fuera de Cuba no siempre comprenden: estas recogidas de firmas no funcionan como en una sociedad abierta. No surgen de manera espontánea ni desde abajo. Se organizan desde las estructuras del poder y se canalizan a través de centros de trabajo, universidades, escuelas y organizaciones vinculadas al Estado.
En ese contexto, firmar rara vez se percibe como una opción completamente libre. No hace falta una amenaza directa: basta el entorno. Basta el miedo a destacar, a ser señalado, a complicarse la vida. Basta la presión silenciosa del grupo.
Por eso, una parte de esas firmas no habla de apoyo, sino de adaptación. No mide convicción: mide margen de maniobra.
El régimen intenta vender esta campaña como expresión de la “sociedad civil”, pero lo que realmente muestra es su capacidad para activar esa red de obediencia cotidiana. Presentar como espontáneo lo que nace del aparato de poder no es movilización popular: es una coreografía política.
Y el problema no es sólo el gesto, sino el momento. Cuba atraviesa una crisis severa: apagones prolongados, escasez, deterioro económico, una vida cada vez más asfixiante. En ese contexto, esta recogida de firmas tiene algo de obsceno: mientras la gente necesita soluciones, el poder le pide una rúbrica.
Como si una firma pudiera sustituir un salario digno. Como si una consigna pudiera encender una planta eléctrica. Como si repetir “patria” resolviera el hambre.
Además, en un sistema sin libertades políticas plenas, una campaña de firmas nunca es neutra. No es sólo apoyo: es visibilidad del apoyo. Es registro. Es señalamiento potencial. Es, también, una forma de recordar quién está alineado y quién no.
Aquí está una de las claves más duras de este momento: el gobierno no sólo quiere respaldo; quiere que ese respaldo quede expuesto. Quiere nombres, cuerpos, gestos visibles. Porque el autoritarismo no se conforma con mandar: necesita que se note que puede hacerlo.
También hay una contradicción evidente. Mientras el discurso interno apela a la confrontación y al cierre de filas, el propio gobierno mantiene contactos diplomáticos con Estados Unidos. Esa doble escena revela que la campaña no responde sólo a una amenaza externa, sino a una necesidad interna: reforzar cohesión donde empieza a faltar.
Conviene decirlo con claridad: una cosa es rechazar cualquier presión externa sobre Cuba, y otra muy distinta es aceptar que esa presión sirva como coartada permanente para justificar el inmovilismo interno. La crisis cubana no tiene una sola causa, y reducirla a una narrativa de asedio es, en el fondo, una forma de eludir responsabilidades.
Por eso esta campaña de firmas se parece menos a un acto de soberanía que a un gesto desesperado de supervivencia política. Es el reflejo de un poder agotado, sin soluciones reales, que recurre una vez más a la épica porque no puede ofrecer resultados.
Cuando un gobierno no puede ofrecer bienestar, ofrece símbolos. Cuando no puede ofrecer futuro, exige lealtad. Y cuando no puede inspirar, presiona.
La pregunta de fondo no es cuántas firmas logren recoger. La verdadera pregunta es: cuántas de esas firmas son libres.
Porque un pueblo libre firma lo que quiere. Un pueblo condicionado firma lo que puede. Y esa diferencia lo cambia todo.
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