Hospital cubano saca el costo de la hemodiálisis tras quejas de pacientes



Sala de hemodiálisis en Hospital Provincial Clinico Quirurgico "Arnaldo Milian Castro" © Facebook/Hospital Provincial Clinico Quirurgico "Arnaldo Milian Castro"
Sala de hemodiálisis en Hospital Provincial Clinico Quirurgico "Arnaldo Milian Castro" Foto © Facebook/Hospital Provincial Clinico Quirurgico "Arnaldo Milian Castro"

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El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro" de Santa Clara publicó en sus redes sociales un artículo que detalla los costos internacionales del servicio de hemodiálisis que ofrece de forma gratuita, una respuesta institucional que contrasta directamente con las denuncias de pacientes sobre brotes de hepatitis, maltrato y desvío de recursos en ese mismo servicio.

La publicación, titulada "Vidas en Diálisis: El costo silencioso de un servicio gratuito", fue difundida también por el medio estatal "Razones de Cuba" y llega días después de que un paciente bajo anonimato denunciara al activista Alberto Arego las condiciones que enfrentan quienes dependen de ese tratamiento para sobrevivir.

Según el texto oficial, cada sesión de hemodiálisis tiene un costo internacional de entre 150 y 300 dólares, y el hospital utiliza riñones artificiales Fresenius valorados entre 17,000 y 22,000 dólares, con precios aún mayores por piezas de origen estadounidense afectadas por el embargo.

Publicación en Facebook

El servicio atiende a 144 pacientes en Villa Clara —141 locales y tres de Caibarién— organizados en cinco turnos diarios: 71 pacientes los lunes, miércoles y viernes, y 70 los martes, jueves y sábados, señala la publicación.

En 2024 se realizaron 24,803 sesiones de hemodiálisis en el hospital; en el primer trimestre de 2025, otras 5,993. Los dializadores y líneas arteriovenosas cuestan entre 12 y 15 dólares por unidad, y los catéteres de hemodiálisis, 150 dólares cada uno, subraya la nota.

La publicación oficial atribuye todas las dificultades al embargo estadounidense y celebra la gratuidad del servicio como un logro revolucionario: "Este servicio, aunque costoso, es un acto de compromiso con la vida en medio de las adversidades económicas de Cuba".

Sin embargo, el testimonio recogido por Arego describe una realidad opuesta. "En el Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara siempre va a seguir la misma situación: a nadie le importe nuestras vidas, la sensibilidad nunca va a tocar nuestras puertas, los riñones rotos sin nadie que dé una respuesta", denunció el paciente anónimo.

El mismo paciente reveló que una sala entera del hospital está contagiada con hepatitis y que las autoridades respondieron clausurando las entradas: "Empezaron la limpieza con cloro para no extender los brotes de hepatitis. Una sala entera está contagiada y tienen la cara dura en invertir en candados para clausurar entradas y así nadie ve las atrocidades que vivimos".

Las denuncias incluyen también maltrato cuando los pacientes presentan quejas, abandono en el seguimiento de análisis clínicos y desvío de recursos hacia quienes tienen dinero.

"Para cada sugerencia e inquietud es un maltrato ni que hubiésemos escogido estar en esta situación. Para las dos jefas de esa sala no hay visión de la realidad nuestra, justifican todo, que si en el mundo es un tratamiento costoso y aquí es gratis pero vaya gratis a qué costo", señaló el paciente.

Este patrón de respuesta institucional —publicar datos de costos y logros para contrarrestar críticas— se ha observado en otros hospitales cubanos.

La crisis de hemodiálisis es nacional: en el Hospital Lenin de Holguín, los apagones interrumpen las máquinas porque los generadores fallan por antigüedad o falta de combustible; en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, la falta de sal para plantas de desinfección dejó a pacientes esperando horas sin tratamiento; y en el Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, la escasez de bicarbonato de sodio causó suspensiones reiteradas del servicio.

El escritor Alexander Aguilar López, paciente de hemodiálisis en Granma, denunció en marzo de 2026 que el Estado ya no garantiza el transporte de pacientes, con costos de hasta 500 pesos por viaje, y calificó la situación como deterioro moral, insensibilidad e irrespeto hacia los pacientes, señalando que "los autos de los líderes continúan circulando".

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