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Una encuesta sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba que publica sus resultados en tiempo real, de forma agregada y anónima, aborda una de las preguntas más sensibles del debate sobre el futuro del país: si sería aceptable una transición política que no incluya procesamiento judicial para las figuras del gobierno actual.
La pregunta toca el núcleo del dilema entre justicia transicional e impunidad negociada, un debate que divide profundamente a cubanos dentro y fuera de la isla en un momento en que los escenarios de cambio parecen más concretos que nunca.
En la encuesta, todavía abierta, hasta ahora el 57,9% de los encuestados considera que "Es inaceptable. Debe haber justicia y rendición de cuentas plena".
Por su parte, el 24.7% dice que "Podría aceptarlo solo para delitos menores, pero no para violaciones graves de derechos humanos", el 14.4% considera que "Sería aceptable si eso garantiza una transición pacífica." y el 3,3% no tiene una posición definida.
El contexto es el de una Cuba en crisis histórica: colapso del sistema eléctrico, escasez extrema de alimentos, emigración masiva y una economía en caída libre.
La presión de Estados Unidos bajo la administración Trump —con ultimátums, sanciones y reuniones diplomáticas directas en La Habana en abril de 2026— ha dado nueva urgencia a estos escenarios.
Las posiciones en el debate se articulan en torno a tres grandes modelos. El primero defiende la justicia plena, con procesamiento judicial de los responsables de crímenes, postura sostenida por gran parte del exilio histórico.
El segundo propone una amnistía negociada que ofrezca garantías personales a figuras del régimen a cambio de una transición ordenada, similar a los modelos de España o Sudáfrica.
El tercero plantea una justicia transicional diferenciada: amnistía para delitos políticos menores, pero con posibilidad de juicio para crímenes graves.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y el Foro Acción Amnistía 2026 impulsan una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso —general y plena, excepto para crímenes graves— como parte de una hoja de ruta de reconstrucción nacional.
Una petición ciudadana por esa ley, entregada a la Asamblea Nacional el 4 de febrero de 2026, reunió 2,155 firmas verificadas, amparada en el Artículo 61 de la Constitución y la Ley 167/2023.
Desde el exilio, voces como la de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar rechazan cualquier fórmula que garantice impunidad a Díaz-Canel y los altos mandos del régimen. «La tiranía tiene fecha de caducidad», declaró en abril de 2026, urgiendo a Cuba a seguir el ejemplo de lo ocurrido con Maduro.
El piloto exmilitar Orestes Lorenzo fue más directo en enero de 2026: «Por primera vez en la historia, en Cuba se acabó la impunidad que tuvieron siempre los asesinos».
Analistas proponen un escenario de transición negociada que ofrezca garantías personales al régimen a cambio de la liberación de presos políticos, la legalización de partidos y la celebración de elecciones supervisadas, evitando la revancha pero priorizando los derechos humanos.
La recomendación que circula entre expertos es que «la sociedad civil debe unificar demandas en clave de derechos, no de revancha».
Los datos de encuestas recientes dibujan una sociedad cubana mayoritariamente harta del sistema actual. El 79% de los cubanos considera que el socialismo ha fracasado, según un estudio de Henderson de 2026.
Entre los cubanos del sur de Florida, el 69% rechaza negociaciones que permitan al régimen mantenerse sin transición democrática real, elecciones libres o desmantelamiento del sistema actual.
El caso venezolano —donde la captura de Maduro y la liberación de presos políticos en 2025-2026 se produjeron bajo presión estadounidense— funciona como referente inmediato en el debate cubano, tanto para quienes exigen juicios como para quienes temen que la búsqueda de justicia bloquee cualquier salida negociada.
La encuesta en curso, con distribución por provincia, edad, escolaridad y opinión política, ofrece una radiografía en tiempo real de cómo los propios cubanos responden a esa pregunta que ningún actor político puede eludir: ¿cuánta justicia está dispuesta a sacrificar una sociedad para lograr la libertad?
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