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La administración de Donald Trump ha ordenado una pausa temporal en la aprobación de solicitudes migratorias mientras implementa controles de seguridad más estrictos, una medida que ya está generando retrasos y preocupación entre solicitantes y abogados en Estados Unidos.
De acuerdo con documentos internos del gobierno obtenidos por CBS News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió instrucciones de revisar nuevamente miles de solicitudes en trámite.
Están incluidas peticiones de asilo, residencia permanente (green card) y ciudadanía para someterlas a verificaciones de antecedentes más exhaustivas a través del FBI.
La orden es clara: los funcionarios deben abstenerse de aprobar cualquier caso que no haya pasado por este nuevo filtro.
En la práctica, esto ha derivado en una paralización parcial del sistema.
Una “medida temporal” con impacto inmediato
Según CNN, la pausa responde a un esfuerzo del gobierno por garantizar que todas las decisiones migratorias cumplan con las nuevas directrices de seguridad.
Una fuente citada por ese medio explicó que se trata de una “medida temporal para garantizar que las aprobaciones cumplan con las nuevas verificaciones de seguridad”.
El propio USCIS confirmó los cambios.
Su portavoz, Zach Kahler, señaló que la agencia “ha implementado nuevas verificaciones de seguridad para fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales”.
Aunque el gobierno insiste en que los retrasos serán limitados, Kahler admitió que “cualquier demora en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en breve”, reiterando que “USCIS siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense”.
Más acceso del FBI y controles ampliados
El endurecimiento de los controles está vinculado a una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, que instruyó al Departamento de Justicia a permitir al USCIS acceder a bases de datos criminales federales “en la máxima medida permitida por la ley”.
Según esa orden, el objetivo es identificar posibles amenazas: “Entre estos delincuentes pueden figurar ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan entrado o permanecido en EE.EE. infringiendo las leyes de inmigración estadounidenses o que, de otro modo, intenten infringir las leyes penales de Estados Unidos”.
Desde este 27 de abril, USCIS comenzó a recibir información ampliada sobre antecedentes penales a través del sistema del FBI, lo que obligó a reabrir o revisar casos ya avanzados.
En muchos expedientes, los funcionarios han sido instruidos a volver a presentar las huellas dactilares si las verificaciones previas son anteriores a esa fecha.
¿A quiénes afecta la medida?
Los nuevos controles impactan principalmente a solicitudes que requieren datos biométricos, como:
-Residencia permanente (green card).
-Procesos de naturalización.
-Peticiones familiares y de prometidos.
-Permisos de trabajo.
-Renovaciones de programas como DACA y TPS.
Además, abogados de inmigración reportaron a CNN que la pausa ha tomado por sorpresa al sector legal, que se ha visto obligado a reaccionar rápidamente ante la interrupción de aprobaciones.
Parte de una política más amplia de endurecimiento
La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar el control del sistema migratorio.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el gobierno de Trump ha impulsado políticas orientadas a restringir el acceso a beneficios migratorios y aumentar el escrutinio de los solicitantes.
Entre esas acciones se incluyen la revisión de redes sociales en busca de posturas consideradas “antiamericanas”, la suspensión temporal de casos de asilo y restricciones migratorias a ciudadanos de 39 países bajo una nueva versión de la llamada “prohibición de viajar”.
Reuters destaca que esta política de mano dura ha sido defendida por la administración como necesaria para proteger la seguridad nacional y reducir la inmigración irregular.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado las medidas, señalando posibles violaciones del debido proceso y un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables.
Incertidumbre para miles de solicitantes
Aunque el gobierno insiste en que la pausa será temporal, lo cierto es que miles de inmigrantes enfrentan ahora incertidumbre sobre el estado de sus trámites.
El USCIS asegura que el procesamiento continúa, pero condicionado a la implementación total de los nuevos controles. Mientras tanto, la revisión masiva de expedientes y la exigencia de nuevas verificaciones podrían prolongar los tiempos de espera en un sistema que ya arrastra retrasos significativos.
En el caso de los cubanos, el impacto se suma a un deterioro reciente de su panorama migratorio.
Datos citados por el Cato Institute muestran que, si hasta octubre de 2024 más de 10,000 cubanos al mes obtenían la residencia permanente, para enero de 2026 las aprobaciones cayeron a cifras mínimas: en un mes con más de 7,000 solicitudes, apenas 15 personas recibieron la green card, lo que representa un desplome cercano al 99%.
Paralelamente, las detenciones de cubanos por parte de ICE pasaron de menos de 200 al mes a más de 1,000 a finales de 2025, un aumento de alrededor del 463%.
Este doble fenómeno -menos vías legales y más acciones de control- ha dejado a miles de cubanos en un limbo migratorio, con solicitudes paralizadas y mayor riesgo de detención mientras esperan una decisión.
En este escenario, la gran incógnita sigue siendo cuánto durará la pausa y si estas medidas terminarán consolidándose como un nuevo estándar en el sistema migratorio estadounidense.
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