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El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, compareció ante el Consejo de Seguridad para denunciar las medidas de presión marítima y energética que Washington aplica contra la isla, en lo que constituye el último capítulo de la ofensiva diplomática del régimen cubano en foros internacionales.
Soberón Guzmán alertó sobre el impacto de las disposiciones estadounidenses que restringen el comercio marítimo cubano, en particular las destinadas a impedir el suministro de combustible.
«Estas disposiciones, de carácter coercitivo y extraterritorial, buscan intensificar la presión económica sobre el país, afectando no solo a Cuba, sino también a terceros Estados y empresas», afirmó el diplomático.
El embajador también condenó lo que calificó como actos de piratería y terrorismo contra buques petroleros y sus tripulaciones en el mar Caribe, señalando que constituyen violaciones del Derecho Internacional y la libertad de navegación.
El trasfondo de la queja cubana es la llamada Operación Lanza del Sur, puesta en marcha por la administración Trump desde diciembre de 2025, que estableció una cuarentena marítima sobre tanqueros sancionados que transportan crudo venezolano hacia la isla.
La Guardia Costera de EE.UU. interceptó al menos siete tanqueros vinculados a esos envíos, entre ellos el Aquila II, el Veronica III y el Bertha.
El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró emergencia nacional y autorizó aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba. Aunque un fallo judicial eliminó los aranceles el 20 de febrero, la emergencia nacional y los controles marítimos se mantuvieron activos.
El 12 de marzo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) prohibió explícitamente a Cuba recibir petróleo ruso, afectando al menos dos buques en tránsito. EE.UU. interceptó además tres tanqueros en el océano Índico que intentaban evadir el cerco.
El Secretario de Estado Marco Rubio negó que exista un bloqueo naval formal y atribuyó la crisis energética cubana a la dependencia histórica del régimen de subsidios externos soviéticos y venezolanos. Rubio señaló que Cuba carece de petróleo por sus propias decisiones estructurales, no por un cerco de Washington.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Washington de emitir «declaraciones contradictorias» para generar confusión y perpetuar el cerco energético, mientras que el viceministro Carlos Fernández de Cossío había calificado las amenazas de bloqueo naval de «acto de guerra» contra una nación pacífica. Rodríguez Parrilla cuestionó al gobierno de EE.UU. por negar sus propias acciones ante la comunidad internacional.
La escasez de combustible derivada del cerco ha agravado los apagones prolongados y el colapso de sectores clave de la economía cubana, consecuencias que el régimen atribuye exclusivamente a Washington y que en realidad son el resultado acumulado de 67 años de gestión dictatorial.
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