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El séptimo aniversario del secuestro de los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa transcurrió el 12 de abril sin una sola mención oficial del gobierno cubano, consolidando un patrón de silenciamiento progresivo que el medio independiente Diario de Cuba documentó con testimonios de personas cercanas a las familias de los galenos desaparecidos.
Ambos médicos fueron secuestrados el 12 de abril de 2019 en Mandera, noreste de Kenia, cuando se desplazaban en convoy con escolta armada desde sus residencias hasta el Mandera Referral Hospital.
El ataque fue atribuido al grupo yihadista Al-Shabaab y costó la vida a un policía keniano. Mandera estaba clasificada como zona de alto riesgo por su proximidad a Somalia, con antecedentes documentados de ataques contra personal extranjero.
En febrero de 2024, Al-Shabaab difundió un comunicado por Telegram afirmando que ambos médicos habían muerto en un bombardeo del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) en Jilib, Somalia.
La versión nunca fue verificada de forma independiente: AFRICOM concluyó en junio de 2024 que «no provocó daños a civiles» en esa operación.
El séptimo aniversario del secuestro llegó y pasó sin que ninguna autoridad cubana lo mencionara públicamente. Ese silencio familiar no es casual.
Diario de Cuba obtuvo el testimonio de personas cercanas a las familias de los médicos, quienes explicaron que el miedo a represalias pesa más que cualquier necesidad de visibilidad.
Entre las preocupaciones mencionadas figuran la posible retirada de apoyos estatales, las restricciones de viaje y la pérdida de cualquier canal —por precario que sea— para obtener información sobre sus familiares. Las familias no han concedido entrevistas ni han impulsado campañas públicas para exigir respuestas.
El gobierno cubano reconoció en 2024 no tener «información ni evidencias para confirmar si los médicos están vivos o muertos» y prometió investigar.
Dos años después de esa promesa, no hay confirmación oficial de la muerte de los médicos ni evidencia pública de gestiones concluyentes para esclarecer los hechos o recuperar posibles restos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó en abril de 2025 que «continúan los esfuerzos para esclarecer su situación», sin aportar avances concretos.
Siete años después del secuestro, el caso de Rodríguez y Herrera ilustra la convergencia de tres dinámicas que el régimen prefiere no debatir: la exposición de cooperantes a entornos de alto riesgo sin evaluaciones públicas de seguridad, la opacidad contractual que rige su despliegue y la manipulación política de la información cuando algo falla en las misiones médicas cubanas.
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