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El debate sobre las propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la Revolución de 1959 ha vuelto al centro del escenario diplomático en 2026, impulsado por la crisis terminal del gobierno de La Habana, declaraciones de funcionarios cubanos y la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, según un análisis publicado por The New York Times.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, indicó hace algunos días que La Habana estaría dispuesta a ofrecer un pago único al gobierno estadounidense para compensar a los reclamantes, aunque condicionó cualquier acuerdo al levantamiento del embargo, el fin de las sanciones y la autorización de nuevas inversiones.
El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, lo resumió el pasado jueves con una frase que sintetiza la postura del régimen: «Esta es una autopista con dos direcciones».
Los abogados de Miami que representan a reclamantes han expresado escepticismo sobre la viabilidad e intención real de la propuesta cubana, sugiriendo que podría ser una táctica negociadora más que una oferta genuina, en línea con el análisis sobre la postura de doble vía de La Habana.
El volumen de reclamaciones es enorme. The New York Times cita el caso del cubano Teo A. Babún, Jr., cuyos consultores contratados por su familia estimaron que el valor de sus propiedades perdidas en Cuba ascendía a cientos de millones de dólares para 2018.
La familia Babún era propietaria del segundo mayor aserrío de Oriente, la constructora Diamante S.A., la fábrica Cementos Nacionales S.A., la hacienda Sevilla y la línea naviera de Santiago de Cuba.
En 2019 el régimen publicó un artículo en el diario oficialista Granma donde intentó desacreditar al demandante y llamó a Babún «mercenario».
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene certificadas 5,913 reclamaciones válidas, con un valor estimado de entre 8,500 y 10,000 millones de dólares incluyendo intereses acumulados al 6% anual.
Las diez mayores reclamaciones —de empresas como Cuban Electric Company, ITT, ExxonMobil y Starwood Hotels— suman casi 960 millones de dólares.
Además, se estiman entre 200,000 y 300,000 reclamaciones adicionales de cubanoamericanos que eran nacionales cubanos en el momento de las expropiaciones, un grupo que la propuesta cubana excluye explícitamente, lo que ha generado frustración en la comunidad cubanoamericana.
En marzo de 2026, declaraciones del presidente Donald Trump impulsaron a más de 500 familias a activar reclamaciones a través de la empresa 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, según reportes sobre el repunte de reclamaciones tras las declaraciones de Trump.
El experto Jordi Cabarrocas, de esa misma empresa, ha propuesto fórmulas alternativas como compensaciones monetarias o permutas de terrenos sin desalojos, aprovechando suelo disponible que el régimen no ha desarrollado.
«Nadie será desalojado», declaró Cabarrocas en marzo de 2026, descartando escenarios de restitución física masiva.
El marco legal central es el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, suspendido durante décadas y reactivado por la administración Trump en mayo de 2019 y nuevamente en enero de 2025, que permite demandar en cortes federales estadounidenses a empresas que «trafiquen» con propiedades confiscadas en Cuba.
La Corte Suprema de Estados Unidos celebró audiencias orales el 23 de febrero de 2026 en dos casos clave: Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil Corp. v. Corporación Cimex, S.A., con un fallo definitivo esperado antes de junio de 2026 que podría redefinir el alcance de las reclamaciones bajo Helms-Burton.
Cuba, por su parte, contrapone sus propias reclamaciones por daños del embargo, que el gobierno cubano estima en 157,000 millones de dólares, y exige que cualquier acuerdo sea «holístico» y recíproco, según el análisis sobre el posible fin del régimen y la reapertura de la herida de las propiedades.
La primera compensación real bajo la Ley Helms-Burton se produjo el 27 de mayo de 2021, cuando una familia estadounidense llegó a un acuerdo con LafargeHolcim por el uso de propiedades confiscadas en 1960, con una compensación estimada entre 50 y 60 millones de dólares —el único precedente concreto en más de seis décadas de conflicto sin resolver.
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