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Guardias de la Prisión Provincial de Holguín amenazaron al preso político Roilán Álvarez Rensoler con fusilarlo a él y al resto de los cubanos encarcelados por motivos políticos si Estados Unidos lleva a cabo una intervención militar en Cuba, según denunció una de sus hermanas en un audio publicado este jueves por Martí Noticias.
«Amenazas de que, si acá en la Isla llega a suceder algo; es decir, que, si el Gobierno de Estados Unidos llegase a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar es a ellos, solo por pensar diferente», declaró la mujer, cuyas palabras revelan el nivel de intimidación al que están sometidos los presos de conciencia en la isla.
La hermana del activista describió además como «crítico» el estado de salud de Álvarez Rensoler: sufre dolores de cabeza constantes, tiene un riñón «delicado», fiebre frecuente y no puede acostarse en la cama debido a las chinches que infestan su celda.
Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido el 30 de enero junto a otros activistas en Holguín, acusado de realizar pintadas antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.
Tras su arresto, el preso político inició una huelga de hambre en el centro de detención conocido como «Todo el mundo canta», en Pedernales, para exigir su liberación.
La protesta se prolongó 49 días y derivó en un paro cardiorrespiratorio el 19 de marzo, cuando fue hospitalizado en el Hospital Clínico Quirúrgico «Lucía Íñiguez Landín» de Holguín y reanimado con desfibrilador.
Ese mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a través de la Resolución 19/26, solicitando al régimen cubano garantías para su vida e integridad.
Álvarez Rensoler depuso la huelga el mismo 19 de marzo tras hablar con su hermana Arianna, ingiriendo jugo de frutas, y fue trasladado posteriormente a la Prisión Provincial de Holguín, conocida como «El Yayal», donde permanece con secuelas graves.
Las amenazas denunciadas se enmarcan en el plan secreto «Baraguá», aprobado por el Consejo de Defensa Nacional el 17 de enero como parte de los «planes y medidas del paso al Estado de Guerra».
Según reveló Diario de Cuba, ese plan —elaborado por el Ministerio del Interior en coordinación con la Fiscalía General— contempla el «aislamiento» de los presos políticos en caso de conflicto armado y su uso como rehenes en eventuales negociaciones de cese de hostilidades.
Las amenazas de fusilamiento ahora denunciadas sugieren que el uso como moneda de cambio no es la única opción prevista para quienes el régimen encarcela por sus ideas.
Para los presos comunes, el plan «Baraguá» prevé excarcelaciones y movilizaciones militares excepcionales, excluyendo a quienes las autoridades consideren «riesgos para la seguridad nacional», categoría bajo la que caen opositores y disidentes.
El caso de Álvarez Rensoler no es el único que ilustra la escalada represiva. El activista y periodista independiente Ángel Cuza fue detenido el 30 de abril frente a su hija menor de edad en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado, y trasladado esta semana al centro de detención El Vivac, en Calabazar.
«Dice la niña que lo cogieron por el cuello y que le dieron golpes», relató la esposa de Cuza en un audio enviado a Diario de Cuba.
Cuza denunció además que los agentes le plantaron evidencia falsa —balas con pólvora— para imputarle el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y explosivos.
Según la organización Prisoners Defenders, Cuba mantiene cerca de 650 presos políticos activos, cifra que convierte a la isla en uno de los países con mayor número de encarcelados por motivos políticos en el hemisferio occidental.
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