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El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía estadounidense del exembajador Víctor Manuel Rocha, acusado y condenado por actuar durante décadas como agente encubierto del régimen cubano mientras ocupaba altos cargos diplomáticos en Washington y América Latina.
La acción judicial fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y sostiene que Rocha obtuvo ilegalmente su naturalización en 1978 al ocultar que desde 1973 trabajaba para la inteligencia cubana y mantenía vínculos con el Partido Comunista de Cuba.
Según el documento judicial, Rocha mintió durante todo el proceso migratorio al declarar bajo juramento que no había cometido delitos, que no tenía afiliaciones comunistas y que creía en la Constitución y el sistema de gobierno de Estados Unidos.
“None of these were true” (“Nada de eso era cierto”), afirma la demanda del Departamento de Justicia.
Rocha, nacido en Colombia y naturalizado estadounidense en septiembre de 1978, desarrolló una larga carrera dentro del Departamento de Estado.
Entre 1981 y 2002 ocupó cargos diplomáticos sensibles en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia, además de desempeñarse en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Las autoridades estadounidenses aseguran que utilizó esas posiciones para apoyar clandestinamente a la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana y obtener acceso a información confidencial y clasificada.
El caso contra Rocha salió a la luz públicamente en diciembre de 2023, cuando fue arrestado en Miami acusado de conspirar para actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos.
En abril de 2024 se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía federal. En el proceso admitió que había apoyado secretamente al régimen cubano desde 1973 y que ocultó deliberadamente su condición de agente.
Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Beth Bloom afirmó que Rocha “traicionó a Estados Unidos durante 51 años” y calificó su ciudadanía como “un privilegio obtenido ilícitamente”.
El exdiplomático fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 500.000 dólares. Actualmente cumple condena en la prisión federal FCI Coleman, en Florida.
La nueva demanda de desnacionalización argumenta que Rocha nunca cumplió con los requisitos legales para convertirse en ciudadano estadounidense debido a:
su falta de “buen carácter moral”;
sus vínculos con el comunismo;
el perjurio cometido durante el proceso migratorio;
y su falta de lealtad a la Constitución estadounidense.
El gobierno también sostiene que, de haber conocido la verdadera relación de Rocha con Cuba, las autoridades migratorias jamás habrían aprobado su solicitud de ciudadanía.
Además de revocar su naturalización, Washington pide cancelar definitivamente su certificado de ciudadanía, obligarlo a entregar cualquier documento estadounidense —incluidos pasaportes— y prohibirle reclamar beneficios asociados a la ciudadanía obtenida en 1978.
El caso es considerado uno de los episodios de infiltración cubana más graves detectados dentro de la diplomacia y el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos.
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