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Más de 13,000 migrantes que vivían legalmente en Estados Unidos y esperaban resolución de sus solicitudes de asilo han recibido órdenes de deportación a países con los que la mayoría no tiene ningún vínculo, según datos de la organización Mobile Pathways publicados esta semana.
Según AP, la política impulsada por la administración Trump instruyó a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a presentar mociones de "pretermisión" que cancelan directamente los casos de asilo y permiten deportar a los migrantes a naciones distintas a la de su origen, sin que los afectados tengan oportunidad de impugnar el traslado.
Más de la mitad de estas órdenes apuntan a Honduras, Ecuador o Uganda, con el resto distribuido entre casi tres docenas de países.
Las consecuencias para los migrantes son inmediatas y severas: pérdida de permisos de trabajo, detención indefinida y un limbo legal sin certeza sobre su destino final.
Sarah Mehta, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), describió así la postura del gobierno en estas mociones: "Estamos desestimando este caso por completo y procedemos a deportar a esta persona a otra nación".
A mediados de marzo, altos funcionarios legales de ICE enviaron un correo electrónico —revisado por Associated Press— a los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional ordenando detener la presentación de nuevas mociones de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo, sin ofrecer ninguna explicación.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado si la suspensión es permanente, y los abogados de inmigración advierten que podría tratarse de una transición hacia otras modalidades de deportación, no del fin de la práctica.
Según el rastreador "Third Country Deportation Watch", operado por Refugees International y Human Rights First, menos de 100 personas han sido efectivamente deportadas bajo estas órdenes a pesar de los miles de mociones presentadas.
Sin embargo, Mehta advirtió que eso podría cambiar: "Actualmente no han logrado expulsar a muchas personas. Creo que eso cambiará. Están trabajando activamente en ello".
El National Immigration Law Center señala que la táctica busca presionar a los migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen, generando un clima de miedo en comunidades inmigrantes de todo el país.
El impacto sobre los cubanos es especialmente documentado. Al menos cuatro ciudadanos cubanos fueron deportados a países africanos —Sudán del Sur y Esuatini— sin ningún vínculo con esas naciones, donde permanecen recluidos en cárceles sin cargos formales ni acceso a asistencia legal.
Roberto Mosquera del Peral, exjefe de los Latin Kings en Miami, fue deportado a Esuatini el 14 de julio de 2025 y en octubre de ese año inició una huelga de hambre en la prisión de Matsapha para exigir representación legal y cargos formales. El acuerdo entre Estados Unidos y Esuatini fue de 5,1 millones de dólares para aceptar hasta 160 deportados.
Esta política se enmarca en la agenda migratoria más amplia del segundo mandato de Trump, que firmó acuerdos de deportación con 27 países y mantiene congeladas las solicitudes de asilo para ciudadanos de 39 naciones consideradas de alto riesgo, entre ellas Cuba, Venezuela y Haití.
El 27 de febrero de 2026, un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la política por violar la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso, aunque la Corte Suprema la había autorizado temporalmente en junio de 2025.
En total, 42,084 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos, una cifra que subraya la magnitud del riesgo que enfrenta esa comunidad ante una política cuyo alcance real aún está por definirse.
Preguntas frecuentes sobre las deportaciones a terceros países y su impacto en los migrantes
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la política de deportaciones a terceros países para los migrantes en EE.UU.?
La política de deportaciones a terceros países permite que los migrantes sean enviados a naciones con las que no tienen vínculos, incluso si vivían legalmente en EE.UU. y estaban en espera de una resolución de asilo. Esto genera una situación de incertidumbre y afecta sus derechos, como la pérdida de permisos de trabajo y la posibilidad de ser detenidos indefinidamente.
¿Cuáles son las principales críticas a esta política de deportación impulsada por Trump?
Las críticas principales se centran en que la política viola el derecho al debido proceso y la ley federal de inmigración, ya que los migrantes no reciben notificación previa ni oportunidad de impugnar su traslado. Además, se considera que genera un clima de miedo en las comunidades inmigrantes y busca presionar a los migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen.
¿Cómo afecta esta política a los cubanos específicamente?
El impacto en los cubanos es significativo, ya que al menos cuatro ciudadanos cubanos han sido deportados a países africanos sin vínculos con esas naciones, donde permanecen recluidos sin cargos formales ni acceso a asistencia legal. Esta situación subraya el riesgo que enfrenta la comunidad cubana en el contexto de esta política de deportación.
¿Existen excepciones para evitar la deportación a terceros países como Ecuador?
Existen tres excepciones principales para evitar la deportación a terceros países: haber ingresado a EE.UU. antes del 19 de noviembre de 2019, haber entrado al país como menor no acompañado, o ser nacional de Ecuador o haber vivido allí con razones para no pedir asilo en ese país.
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