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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a los reguladores bancarios federales evaluar y mitigar el llamado "riesgo crediticio relacionado con la inmigración", en una nueva medida que amplía la presión de su administración sobre las personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal.
La orden, titulada "Restoring Integrity to America's Financial System", instruye al Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, la FDIC y la OCC a emitir, en un plazo de 60 días, orientaciones formales para que los bancos identifiquen señales de alerta en cuentas, préstamos y tarjetas de crédito de personas sin estatus migratorio legal.
El argumento central de la Casa Blanca es que prestar dinero a personas que podrían ser deportadas representa un riesgo estructural para el sistema financiero, ya que el deudor podría perder ingresos o salir del país y caer en incumplimiento.
La Casa Blanca afirmó que no "permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación".
Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que el sector bancario temía, ya que no obliga expresamente a los bancos a recopilar prueba de ciudadanía de todos sus clientes.
La industria bancaria había presionado agresivamente durante meses para impedir una medida que hiciera obligatoria esa recopilación, argumentando que sería costosa y requeriría una enorme cantidad de papeleo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado la medida en abril al declarar que "debería haber reglas más estrictas" para abrir cuentas bancarias, y cuestionó: "¿Por qué los extranjeros de nacionalidad desconocida pueden venir y abrir una cuenta bancaria?".
Bessent también preguntó: "¿Cómo conoce a su cliente si no sabe si tiene estatus legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta de residencia?".
La orden menciona explícitamente el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas cuando el solicitante no tenga estatus migratorio verificado.
Un estudio del Urban Institute estimó que se emitieron entre 5,000 y 6,000 hipotecas a clientes con ITIN, y que los bancos son muy reacios a otorgar préstamos a personas con ese tipo de documento.
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la medida podría empujar a los inmigrantes sin autorización fuera del sistema financiero formal, hacia la economía en efectivo y servicios no regulados con mayor riesgo de fraude y usura.
Esta orden no es la primera señal de la administración Trump en esta dirección.
Desde diciembre de 2025, cubanos en Estados Unidos comenzaron a recibir alertas de Bank of America advirtiendo sobre posibles cierres de cuentas si no actualizaban su información migratoria.
En noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro también anunció la reclasificación de ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales", lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluyendo beneficiarios de DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Los reguladores bancarios tienen ahora 60 días para emitir las orientaciones formales que definirán en la práctica cómo los bancos deberán identificar y gestionar las cuentas de clientes sin estatus migratorio verificado.
Preguntas frecuentes sobre la orden ejecutiva de Trump y el sistema financiero en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump para los bancos y los inmigrantes en EE.UU.?
La orden ejecutiva exige a los bancos identificar y gestionar el riesgo crediticio relacionado con la inmigración, evaluando cuentas y préstamos de personas sin estatus migratorio legal. Esto podría llevar a que muchos migrantes indocumentados sean empujados fuera del sistema financiero formal, exponiéndolos a riesgos de fraude y usura.
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¿Qué medidas deben tomar los bancos según la nueva orden ejecutiva?
Los bancos deben emitir orientaciones para identificar señales de alerta en cuentas de personas sin estatus migratorio legal, pero no están obligados a recopilar pruebas de ciudadanía de todos sus clientes. La medida busca mitigar riesgos financieros asociados a posibles deportaciones.
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¿Cuál es la reacción del sector bancario ante la orden de Trump?
El sector bancario ha expresado preocupación por el costo y la cantidad de papeleo que implicaría la recopilación obligatoria de documentación de ciudadanía. Han presionado contra medidas más estrictas, temiendo que podría afectar sus operaciones y relaciones con clientes.
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¿Cómo podría afectar esta medida a los inmigrantes indocumentados en EE.UU.?
La medida podría empujar a los inmigrantes indocumentados hacia la economía en efectivo y servicios no regulados, aumentando su vulnerabilidad a fraudes y condiciones usureras, ya que se verían excluidos del sistema financiero formal.
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