Nueva política migratoria pondría en riesgo la Green Card de médicos, estudiantes y trabajadores temporales en EE.UU.

La administración Trump anunció el viernes una nueva política migratoria que obliga a los extranjeros en EE.UU. con visas temporales a regresar a su país de origen para tramitar la residencia permanente, en un cambio que revierte más de medio siglo de práctica migratoria consolidada.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió el memorando PM-602-0199, que establece que el ajuste de estatus —el proceso que permite obtener la Green Card sin salir de EE.UU.— solo será aprobado en «circunstancias extraordinarias», según el comunicado oficial de la agencia.

La medida afecta a una amplia gama de personas: titulares de visas de turismo, estudiantes, trabajadores temporales, médicos y profesionales con visas de trabajo, titulares de visas religiosas e inmigrantes con protección humanitaria, entre otros.

«Los no inmigrantes, como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visa de turista, vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita y que su visita no funcione como el primer paso para obtener una tarjeta verde», señaló USCIS en su comunicado.

Aproximadamente 600,000 personas que ya se encuentran en EE.UU. solicitan una Green Card cada año, según Doug Rand, exasesor senior de USCIS durante la administración Biden.

«El objetivo de esta política es muy explícito. Altos funcionarios de esta administración han dicho una y otra vez que quieren que menos personas obtengan la residencia permanente, porque la residencia permanente es un camino a la ciudadanía, y quieren bloquear ese camino para el mayor número posible de personas», afirmó Rand.

La agencia no especificó cuándo entraría en vigor el cambio, si afectaría los casos ya en trámite ni si los solicitantes deberían permanecer en el extranjero durante todo el proceso.

En un comunicado enviado a la agencia AP, USCIS indicó que las personas que aporten un «beneficio económico» o de «interés nacional» podrían permanecer en EE.UU. mientras tramitan su residencia, mientras que los demás deberían hacerlo desde el exterior.

Abogados de inmigración y organizaciones de ayuda rechazaron la medida. Shev Dalal-Dheini, directora senior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, advirtió que el cambio «aplica muy ampliamente a cualquiera que busque una Green Card» y que en algunos consulados estadounidenses los tiempos de espera para una cita de visa pueden superar el año.

La organización humanitaria World Relief alertó sobre una situación sin salida para familias cuyos países tienen visas suspendidas o embajadas cerradas. «Si se les dice a las familias que el miembro no ciudadano debe regresar a su país de origen para tramitar su visa de inmigrante, pero las visas de inmigrante no se están procesando allí, es una trampa sin salida. Estas políticas crearán efectivamente una separación indefinida de familias», escribió la organización.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo calificó la medida de «bombazo» y señaló que, hasta el momento, la Ley de Ajuste Cubano no se ve afectada directamente, ya que exige presencia física en territorio estadounidense durante al menos un año y un día, requisito incompatible con cualquier exigencia de salida.

Sin embargo, Marcelo advirtió sobre el riesgo para quienes acumularon presencia ilegal mientras esperaban dentro del país: una salida obligatoria podría activar ese cómputo y requerir un perdón para regresar.

Este nuevo golpe a la inmigración legal llega en un contexto de desplome histórico de residencias aprobadas para cubanos: según el Cato Institute, las aprobaciones de Green Cards para cubanos cayeron un 99,8% entre febrero de 2025 y enero de 2026, pasando de 10,984 aprobaciones mensuales a apenas 15.

«Son muy malas noticias, son muy malas noticias como las de cada viernes cuando no es día», resumió Marcelo.