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La organización venezolana de derechos humanos Provea acusó este domingo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez de cometer una «flagrante cesión de la soberanía» al autorizar el sobrevuelo y los ejercicios militares de aeronaves estadounidenses en Caracas sin contar con el respaldo de la Asamblea Nacional, según denunció El Nacional.
El operativo tuvo lugar el sábado, cuando el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, lideró un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense en Caracas a bordo de dos aeronaves convertiplano Boeing MV-22B Osprey de los Marines, que aterrizaron en el estacionamiento de la sede diplomática.
Aproximadamente veinte soldados estadounidenses descendieron de las aeronaves durante el ejercicio, que fue autorizado previamente por el gobierno venezolano y anunciado por la Cancillería.
A través de un mensaje en la red social X, Provea denunció que el operativo violó el artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana, el cual establece que es atribución de la Asamblea Nacional autorizar la presencia de misiones militares extranjeras en el país.
La ONG también criticó la rapidez con la que el Ejecutivo ha respondido al «tutelaje transnacional» mediante reformas exprés en las leyes de minas e hidrocarburos para abrir las puertas a la inversión norteamericana.
Según Provea, estas acciones relegan las demandas sociales de la población y abren la puerta a un escenario de «estabilidad autoritaria».
Desde el propio chavismo, la diputada Iris Varela también rechazó el simulacro militar, aunque desde una posición distinta a la de la organización de derechos humanos.
El despliegue fue la segunda visita oficial del general Donovan a Venezuela y formaliza el drástico giro geopolítico que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
Tras ese hecho, el Tribunal Supremo de Justicia juramentó a Rodríguez como presidenta encargada el 5 de enero bajo la figura de «ausencia forzosa».
Bajo su gestión, Venezuela y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo de 2026, rotas desde 2019.
El 14 de marzo, la embajada estadounidense volvió a izar su bandera en Caracas por primera vez en siete años, y el 1 de abril Washington retiró a Rodríguez de su lista de sanciones.
En paralelo, el gobierno impulsó reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en enero de 2026 y a la Ley Orgánica de Minas en marzo, ambas orientadas a atraer inversión extranjera, especialmente norteamericana.
La Asamblea Nacional aprobó en primera lectura la reforma minera, que extiende las concesiones de 20 a 30 años y permite a empresas extranjeras explotar yacimientos en el país.
El encargado de negocios estadounidense en Caracas, John Barrett, recibió al general Donovan durante su visita, en el marco de una relación bilateral que avanza a un ritmo que, según Provea, no tiene respaldo constitucional ni democrático.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y militar en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Provea acusa a Delcy Rodríguez de ceder soberanía en Venezuela?
Provea acusa a Delcy Rodríguez de ceder soberanía al autorizar el sobrevuelo y ejercicios militares estadounidenses en Caracas sin el aval de la Asamblea Nacional, lo cual consideran una violación de la Constitución venezolana.
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¿Qué implicaciones tiene el simulacro militar de EE.UU. en Caracas?
El simulacro militar de EE.UU. en Caracas simboliza un cambio significativo en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, marcando un drástico giro geopolítico tras la captura de Nicolás Maduro y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
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¿Cómo ha respondido el chavismo al simulacro militar estadounidense?
El chavismo ha mostrado posturas divididas respecto al simulacro militar estadounidense. Mientras Delcy Rodríguez ha autorizado el ejercicio, figuras como Iris Varela y Elías Jaua lo han rechazado, llamando a la resistencia cívica y criticando la presencia militar extranjera.
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¿Cuáles son las críticas al acercamiento entre Venezuela y EE.UU.?
Las críticas se centran en la rapidez y falta de respaldo democrático con la que se están realizando reformas para atraer inversión estadounidense, así como en el temor de que estas acciones generen una "estabilidad autoritaria" que descuide las demandas sociales de la población venezolana.
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