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Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron públicamente su desconfianza ante los números de liberaciones anunciados por el gobierno el pasado sábado, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmara que esa semana habían sido liberadas 395 personas y que el total ascendería a 500 «en las próximas horas».
La principal queja de los parientes es la ausencia de una lista oficial con los nombres de los beneficiados, lo que impide cualquier verificación independiente del proceso.
Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas —detenido desde 2018 por un presunto intento de magnicidio— fue una de las voces más críticas durante una jornada de recolección de insumos en la Universidad Central de Venezuela (UCV), organizada para apoyar a los familiares que permanecen desde enero frente a la cárcel de El Rodeo I, a las afueras de Caracas.
«Nosotros no confiamos en las cifras que dan. Tenemos ya muchos meses pidiendo que publiquen el nombre de las personas que han excarcelado para hacer un proceso transparente», declaró Ávila a la agencia de noticias EFE.
Las cifras verificadas por organizaciones independientes contrastan de forma drástica con las del gobierno. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), del que forma parte Ávila, confirmó apenas 43 liberaciones en la misma semana en que el oficialismo anunciaba 395.
Foro Penal, por su parte, reportó 38 excarcelaciones verificadas desde el 18 de mayo, y contabilizaba 429 presos políticos aún detenidos al 19 de mayo, según sus propios registros.
Esta brecha entre cifras oficiales e independientes no es nueva. El gobierno llegó a afirmar más de 8,600 personas beneficiadas por la amnistía, pero Foro Penal explicó que las autoridades incluyen medidas cautelares no privativas de libertad que la organización no contabiliza como excarcelaciones efectivas.
La desesperación entre los familiares también fue expresada por Ruth Molero, de 57 años, quien recordó que decenas de familias acumulan más de cuatro meses esperando resultados desde el primer anuncio gubernamental del 8 de enero.
«Ya estamos desesperados, angustiados y bastante agobiados por esta situación», afirmó Molero.
El proceso de excarcelaciones se inició formalmente días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. El Tribunal Supremo de Justicia declaró una «ausencia forzosa» y juramentó a Rodríguez como presidenta encargada el 5 de enero, bajo cuyo mandato se impulsó una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos criticaron la norma por excluir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y acciones armadas, dejando fuera a cientos de presos políticos.
Foro Penal ha documentado 19,087 detenciones políticas en Venezuela desde 2014, lo que ilustra la magnitud histórica de una crisis que los anuncios oficiales, según los propios familiares, no logran reflejar con transparencia.
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