Régimen cubano atribuye a Trump la crisis del agua, el transporte y la electricidad

El régimen cubano utilizó su programa televisivo Mesa Redonda para culpar a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump de la crisis que atraviesan los sectores eléctrico, hidráulico y de transporte en el país.

El ingeniero Rubén Campos Olmo, director general de la Unión Eléctrica (UNE), calificó de «demoledor» el impacto de la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que prohíbe la entrada de combustible y lubricantes a Cuba.

Campos Olmo explicó que tras la orden de Trump, Cuba dejó de recibir el combustible necesario para refinar y obtener derivados para la generación eléctrica.

«Prácticamente una potencia equivalente a los 1,300-1,400 MW se quedó sin respaldo de combustible», afirmó, y añadió que «solo este número significa más del 50% de lo que se puede generar en la noche».

Antes de las órdenes ejecutivas, la generación distribuida —que incluye los emplazamientos de Moa y Mariel, las patanas en la bahía de La Habana, los motores fuel y los grupos diésel— aportaba entre 700 y 800 MW diarios disponibles. Esa capacidad desapareció del sistema.

Al caer el sol, el sistema eléctrico cubano opera actualmente con apenas 1,100-1,200 MW, dependiendo de las unidades térmicas en servicio.

Campos Olmo destacó el caso de la Isla de la Juventud, que antes era considerada el territorio con mejor generación eléctrica del país. «Cuando esta situación se nos da, la Isla pasó a un régimen de generación de aproximadamente unas seis horas diarias de las 24 horas», denunció.

A principios de abril llegó a Cuba una donación de 100,000 toneladas de crudo de Rusia, lo que permitió una mejoría temporal desde el 17 de ese mes. «Fuimos en un proceso de mejoramiento que duró aproximadamente poco más de dos semanas, y los niveles de afectación bajaron sensiblemente», explicó el directivo. Sin embargo, para finales de mayo el sistema había regresado a los niveles críticos previos.

«Nosotros, los eléctricos, ante todo, estamos con plena conciencia de las afectaciones que estamos generando, pero hay que decir que la causa principal de esas afectaciones es no poder contar con el combustible para esas capacidades que tenemos disponibles», sentenció Campos Olmo.

El gobierno también aseguró que la crisis del agua en Cuba se ha agravado por la combinación del déficit energético, la escasez de combustible y las limitaciones para importar equipos y piezas.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos explicó que el sistema depende casi totalmente de la electricidad, ya que miles de estaciones de bombeo requieren operar entre 18 y 24 horas diarias.

Las interrupciones eléctricas reducen el tiempo de bombeo y provocan baja presión, lo que afecta especialmente a edificios altos y zonas densamente pobladas.

Actualmente, unos 2,7 millones de personas sufren problemas en el suministro de agua. Además, las variaciones de voltaje causan averías frecuentes en conductoras y equipos hidráulicos.

El organismo recibe solo el 37 % del combustible necesario y ha tenido que priorizar reparaciones nacionales y el uso de energía solar en estaciones de bombeo para mantener el servicio. También se trabaja en alternativas como pozos, reservorios y molinos de viento para enfrentar contingencias, pero los resultados aún están por llegar.

En cuanto al transporte, el ministro Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que el desabastecimiento de combustible ha provocado una caída drástica de los servicios públicos y privados.

Las rutas interprovinciales de ómnibus se redujeron de salidas diarias a solo tres veces por semana, mientras los trenes ahora operan cada 16 días. También disminuyeron los vuelos nacionales y el ferry hacia la Isla de la Juventud.

La crisis afecta servicios esenciales como el traslado de pacientes de hemodiálisis, estudiantes y mercancías básicas. Para enfrentar la situación, el Gobierno prioriza el transporte sanitario y escolar, impulsa vehículos eléctricos y flexibiliza licencias para triciclos eléctricos.

Sin embargo, las autoridades admiten que el transporte local e intermunicipal sigue siendo muy deficiente, sobre todo en zonas rurales.

La narrativa del régimen choca frontalmente con la posición de Washington

El secretario de Estado Marco Rubio rechazó la tesis del embargo petrolero tanto el 5 de mayo como ayer, en una reunión de gabinete presidida por Trump. Rubio señaló que Venezuela solía regalar crudo a Cuba, del cual el régimen revendía el 60% sin beneficiar a la población, y calificó al gobierno cubano de «un grupo de comunistas incompetentes».

Rubio apuntó además a GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana— como el principal problema estructural.

«El país ha sido tomado por una empresa que controla el 70% de la economía. Nada de ese dinero se destina a ayudar al pueblo cubano, absolutamente nada», afirmó el secretario de Estado.

La crisis energética arrastra raíces estructurales anteriores a las sanciones de 2026: años de deuda de mantenimiento en las plantas termoeléctricas y la progresiva reducción del suministro venezolano subsidiado desde 2022.

El agotamiento del petróleo ruso a finales de abril ya había anticipado el regreso a la situación crítica actual.

Desde enero de 2026, Estados Unidos ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, incluyendo medidas contra GAESA y, el 19 de mayo, contra 11 personas y tres entidades adicionales, entre ellas el ministro de Energía y la ministra de Comunicaciones.

El plazo fijado por el Departamento de Estado para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA vence el 5 de junio.