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Un informe de 66 páginas publicado este miércoles por Human Rights Watch documenta las deportaciones masivas de cubanos desde Estados Unidos a México bajo la administración Trump, con testimonios que describen un trato degradante, abandono total y un limbo legal sin salida.
El reporte, titulado «Casting Us Aside to Die» («Nos abandonan aquí a morir»), recoge los testimonios de 53 nacionales de terceros países deportados a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, entre ellos 41 hombres cubanos.
La mayoría de los cubanos entrevistados tiene 60 años o más, padece enfermedades crónicas y había vivido en Estados Unidos —predominantemente en Florida— durante años o décadas tras huir de Cuba por represión política o falta de oportunidades económicas.
Muchos habían construido negocios, tenían casas propias y dejaron familiares en territorio estadounidense.
Ninguno de los entrevistados tuvo oportunidad de impugnar su deportación a México, y las autoridades los enviaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales.
«Los funcionarios de migración mexicanos nos trataron como perros arrojados a la calle», declaró uno de los deportados cubanos entrevistados por HRW.
Otro cubano resumió la situación con una frase demoledora: «Aquí estamos presos… Estamos aquí para morir».
Harold A., cubano de 58 años deportado a México, describió la desesperación cotidiana: «Nos abandonan aquí a morir. No hay ayuda. No podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar el alquiler?»
Según el informe, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a más de 18,000 nacionales de terceros países, de los cuales casi 13,000 —aproximadamente el 70%— fueron enviados a México bajo un acuerdo no escrito y no divulgado entre ambos gobiernos.
Los cubanos constituyeron el grupo más numeroso: 4,353 deportados a México en ese período.
Del total de cubanos deportados, el 55% tenía condena penal previa en Estados Unidos, el 16% tenía cargos pendientes sin condena, y el 26% no tenía antecedentes penales.
Solo el 16% tenía como condena más grave un delito violento o potencialmente violento.
Activistas estiman que hay aproximadamente 800 cubanos varados en Tapachula y unos 3,000 en Villahermosa, ciudades del sur de México con altos niveles de violencia y escasa capacidad de servicios.
En los centros de detención estadounidenses, los cubanos reportaron hacinamiento, temperaturas extremas, comida insuficiente, escaso acceso médico y violencia física y verbal por parte de guardias.
Testimonios recogidos por The Washington Post describen golpes en la cabeza, torsión de tobillos y amenazas de enviarlos a El Salvador o «a África» si se resistían.
Ya en México, funcionarios migratorios simplemente les dijeron que «se fueran», a veces en mitad de la noche, sin orientarlos sobre dónde dormir ni cómo acceder a servicios básicos.
Algunos han sido forzados a vivir en la calle, en parques o frente a hospitales, como el Hospital Juan Graham en Villahermosa.
La situación legal es de limbo permanente: el gobierno cubano se niega a recibir de vuelta a los deportados, y el asilo es prácticamente la única vía legal en México, pero muchos cubanos que llevan décadas fuera de la isla difícilmente pueden demostrar un temor fundado de persecución actual.
La agencia mexicana de asistencia a refugiados está sobrecargada y sus requisitos procedimentales hacen muy difícil el acceso a protección.
Esta práctica de deportar a residentes permanentes cubanos de largo plazo a terceros países no existía antes del segundo mandato de Donald Trump.
Alcira Silva Hava, investigadora de HRW, fue directa en su denuncia: «La administración Trump está usando México como vertedero para personas a las que no puede deportar a sus países de origen, incluidos muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas».
En marzo de 2026, el juez federal William G. Young cuestionó la legitimidad del acuerdo no escrito con México, tras que el Departamento de Seguridad Nacional admitiera en tribunal que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas había deportado a unos 6,000 cubanos a México sin requerir documentos de viaje.
Silva Hava advirtió que el gobierno mexicano «no ofrece a los deportados ninguna vía para obtener estatus legal duradero fuera del sistema de asilo, dejando a muchos en el limbo sin refugio, sin medicamentos y a merced de organizaciones criminales».
Preguntas frecuentes sobre las deportaciones de cubanos a México
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están deportando cubanos de Estados Unidos a México?
Las deportaciones de cubanos a México se realizan bajo un acuerdo no escrito entre Estados Unidos y México. Este acuerdo permite a Estados Unidos deportar a personas a México cuando no pueden ser enviadas de regreso a sus países de origen, como es el caso de Cuba, que a menudo se niega a recibir a sus ciudadanos deportados.
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¿Qué condiciones enfrentan los cubanos deportados en México?
Los cubanos deportados a México enfrentan un limbo legal y condiciones precarias. Llegan sin documentos, dinero ni pertenencias personales, y no tienen permiso para trabajar. Muchos quedan varados en ciudades como Tapachula y Villahermosa, donde enfrentan altos niveles de violencia y escasa capacidad de servicios.
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¿Cuál es la postura de Human Rights Watch sobre estas deportaciones?
Human Rights Watch critica duramente las deportaciones de cubanos a México. La organización describe estas acciones como una violación del debido proceso y del principio de no devolución, y denuncia las condiciones inhumanas vividas en los centros de detención antes de la deportación.
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¿Qué opciones tienen los deportados cubanos en México para regularizar su situación?
La única vía legal para regularizarse en México es solicitar asilo. Sin embargo, este proceso está lleno de obstáculos prácticos y la agencia mexicana de asistencia a refugiados está sobrecargada, lo que dificulta el acceso a protección para los deportados cubanos.
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¿Qué críticas ha recibido la política de deportaciones de la administración Trump?
La administración Trump ha sido criticada por usar México como un "vertedero" para deportados. Activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que esta política carece de transparencia y deja a los deportados en condiciones vulnerables, sin acceso a protección o medios para subsistir.
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