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Mario, un cubano de aproximadamente 60 años que vivía en Detroit, Míchigan, estaba casado con una ciudadana estadounidense y tenía cinco hijos y 11 nietos —todos ciudadanos estadounidenses— cuando fue deportado a México, un país que no es el suyo y donde no tiene familia ni perspectivas.
Su historia es el caso central del informe de 66 páginas publicado este miércoles por Human Rights Watch, titulado «Nos abandonan aquí a morir», que documenta los abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y otros nacionales de terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.
«Si tienes 60, 70 años, ¿por qué te mandan aquí? Nos mandan aquí a morir», declaró Mario a la organización de derechos humanos.
Su caso no es aislado. Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a casi 13,000 nacionales de terceros países a México, y los cubanos representan el grupo más numeroso: aproximadamente 4,353 personas en ese período.
Activistas estiman que hay alrededor de 800 cubanos varados en Tapachula, Chiapas, y unos 3,000 en Villahermosa, Tabasco, sin documentos, sin permiso de trabajo y sin una vía clara para regularizar su situación.
El informe se basa en entrevistas a 41 hombres cubanos y 12 personas de Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Jamaica, realizadas precisamente en esas dos ciudades del sur de México.
Muchos de los deportados tienen 60 años o más y habían vivido en Estados Unidos durante décadas, predominantemente en Florida. La mitad llegó durante el éxodo del Mariel en 1980 o a través del «bombo», la lotería migratoria de los años noventa.
35 de los 41 cubanos entrevistados perdieron su residencia permanente legal tras una condena penal, pero en la mayoría de los casos se trató de delitos no violentos: conducir bajo los efectos del alcohol, falsificación de documentos o cargos menores relacionados con drogas. Solo el 16% correspondía a delitos violentos.
Muchos habían cumplido sus condenas y vivían bajo órdenes de supervisión de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con permisos de trabajo, creyendo que la deportación ya no era posible dado que Cuba históricamente rechazaba recibir a estos deportados. Ese equilibrio cambió radicalmente bajo la segunda administración Trump.
HRW documenta que los deportados llegaron a México sin documentos, dinero ni pertenencias personales, y sin haber podido impugnar su traslado ni expresar temores de daño, lo que la organización califica como violación del debido proceso y del principio de no devolución.
Otro cubano entrevistado, Harold A., de 58 años, deportado en febrero de 2026, resumió así su situación: «Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que comemos, que pagamos el alquiler?»
El limbo legal que enfrentan es particularmente cruel: Cuba no los acepta de vuelta, México no les ofrece vías claras de regularización más allá del asilo —que tiene múltiples barreras prácticas—, y Estados Unidos los expulsó sin proceso individualizado. Algunos adultos mayores no pueden acceder a medicamentos esenciales.
Ni Washington ni Ciudad de México han hecho público el acuerdo bajo el cual se realizan estas deportaciones. Un juez federal estadounidense cuestionó en marzo de 2026 la posible existencia de un pacto secreto entre ambos gobiernos.
Entre los casos documentados figura también el de Rafael Enrique Migolla, cubano de 73 años que vivía en Miami desde 1991, deportado en octubre de 2025 y varado en Villahermosa en una vivienda prestada, sin poder regresar a Cuba.
HRW exige a México garantizar atención médica y una vía real de regularización para quienes no pueden volver a sus países de origen, y pide a ambos gobiernos que hagan público cualquier acuerdo de deportaciones a terceros países. Miles de cubanos deportados desde EE.UU. permanecen varados en el sur de México sin que ninguno de los tres gobiernos implicados ofrezca una solución.
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