Costa Rica permitirá a cubanos residir y trabajar legalmente en ese país: ¿Cuáles son los requisitos?

Costa Rica crea una Categoría Especial Temporal para que cubanos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos puedan regularizarse.



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La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica anunció este lunes la creación de una nueva «Categoría Especial Temporal» que permitirá a miles de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos regularizar su situación migratoria y trabajar legalmente en ese país a partir de septiembre de 2026.

La medida está dirigida a personas cuyas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado permanecen pendientes de resolución o fueron rechazadas por las autoridades migratorias costarricenses.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

El mecanismo alcanza a quienes presentaron solicitudes de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026, siempre que esos expedientes estén pendientes o hayan sido denegados.

La condición de elegibilidad será verificada de oficio por la autoridad migratoria, sin que los interesados deban iniciar trámites adicionales para demostrarla.

Los solicitantes tampoco deben tener otra categoría migratoria vigente ni estar involucrados en procesos de regularización distintos al trámite de refugio.

Las solicitudes comenzarán a recibirse el 1 de septiembre de 2026 y el plazo para presentarlas se extenderá hasta el 1 de septiembre de 2027.

Libre acceso al mercado laboral

Uno de los beneficios centrales de la nueva categoría es el acceso irrestricto al empleo formal.

«La persona beneficiaria de esta categoría especial contará con libre condición para poder desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada, por cuenta propia o en relación de dependencia», establece el artículo dos de la resolución.

Los beneficiarios también podrán salir y regresar a Costa Rica sin necesidad de permisos adicionales, siempre que cumplan con los controles migratorios ordinarios.

Vigencia de dos años y renovación indefinida

La categoría especial tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse por períodos iguales de manera indefinida, mientras no exista una normativa superior que disponga lo contrario.

Quienes hayan registrado ingresos o salidas irregulares tras obtener el beneficio deberán presentar pruebas documentales que justifiquen la ausencia de registros; si las razones no son aceptadas, la autoridad podrá denegar la renovación.

El beneficio se cancelará automáticamente para quienes no renueven el documento dentro de los tres meses posteriores a su vencimiento.

También podrá revocarse para quienes representen una amenaza a la seguridad pública o hayan sido condenados por delitos dolosos en los últimos 10 años.

Un sistema de asilo bajo presión extrema

La medida responde a la saturación acumulada del sistema de asilo costarricense.

Hasta mayo de 2025, Costa Rica tenía más de 220,000 solicitudes de refugio pendientes, de las cuales aproximadamente el 83% correspondía a nicaragüenses.

Entre 2014 y abril de 2025, los nicaragüenses presentaron 195,512 solicitudes de refugio y solo el 5% obtuvo resolución.

En ese mismo período, Costa Rica recibió 10,895 solicitudes de venezolanos, 7,292 de cubanos y 4,685 de colombianos.

La nueva medida amplía el alcance de una categoría similar implementada en 2023 -que solo cubría a nicaragüenses, venezolanos y cubano-e incorpora por primera vez a los colombianos.

La experiencia anterior mostró resultados modestos: entre abril de 2023 y enero de 2024, solo 8,427 personas solicitaron el beneficio frente a un universo estimado de cerca de 290,000 solicitantes.

Ruptura diplomática con Cuba, pero apertura humanitaria

El anuncio llega en un momento de tensión entre Costa Rica y Cuba.

En marzo de 2026, el entonces presidente Rodrigo Chaves anunció el cierre de la embajada costarricense en La Habana y solicitó al régimen cubano retirar su personal diplomático de San José, en protesta por el deterioro de los derechos humanos en la isla.

La presidenta Laura Fernández Delgado, quien asumió el cargo el 8 de mayo de 2026, respaldó la ruptura diplomática y fue enfática: «Costa Rica no va a consentir violaciones a los derechos humanos».

Al mismo tiempo, Fernández tranquilizó a la comunidad cubana residente, estimada en alrededor de 10,000 personas.

«El pueblo cubano que reside en Costa Rica debe estar tranquilo. Las personas cubanas que viven en Costa Rica, que han solicitado refugio incluso, son alrededor de 10.000. Pueden estar tranquilos», afirmó.

La nueva categoría especial, que incluye a los cubanos entre sus beneficiarios, refleja esa dualidad: firmeza frente al régimen de La Habana, pero apertura humanitaria hacia quienes han huido de él.

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