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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó el miércoles la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por crear y financiar el grupo paramilitar «Los doce apóstoles».
La Corte ratificó así la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, que halló a Santiago Uribe «coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad».
La decisión es definitiva: la Corte precisó que contra ella «no procede recurso alguno», lo que cierra definitivamente el proceso judicial contra el ganadero.
El fallo establece que Santiago Uribe participó en la conformación de «Los doce apóstoles», un grupo paramilitar que nació hacia 1992 en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, integrado por ganaderos, empresarios, policías y un sacerdote.
Según la sentencia, la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe, habría servido como punto de encuentro y entrenamiento del grupo.
Un informe de contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz atribuye a esa organización 525 homicidios, con mayor concentración en Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos.
El caso concreto incluido en la condena es el asesinato de Camilo Barrientos Durán, un conductor de autobús baleado por sicarios en febrero de 1994 en Yarumal, tras ser acusado de colaborar con la guerrilla.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la noticia con un mensaje en X en el que calificó la situación de «tema devastador para mi familia».
«El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia», escribió el exmandatario.
La defensa de Santiago Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados —quien también representa al expresidente en sus propios casos judiciales—, alegó en reiteradas oportunidades la existencia de falsos testigos y manipulación mediática.
El proceso tuvo una larga trayectoria: la Fiscalía reabrió la investigación en septiembre de 2013, la orden de captura se expidió en febrero de 2016, la acusación formal se produjo en octubre de ese mismo año y el juicio oral comenzó en octubre de 2017.
En paralelo, el propio Álvaro Uribe enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo durante su período como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, incluyendo una causa relacionada con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinadas 17 personas por paramilitares en octubre de 1997.
En mayo de 2026, la Fiscalía remitió ese proceso a la Corte Suprema por presunta implicación en la masacre de El Aro, acusación que el expresidente ha rechazado.
En noviembre de 2023, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que Uribe «siempre tuvo conocimiento» de la operación paramilitar en El Aro.
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