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Miguel Díaz-Canel lanzó este viernes una nueva advertencia a Washington en una extensa entrevista concedida al medio español elDiario.es desde La Habana: «Nosotros no queremos la guerra, nosotros queremos el diálogo, nosotros queremos alejarnos de la confrontación, pero nosotros no le tememos a la guerra».
La declaración se produce en el momento de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos en décadas, con un despliegue militar estadounidense sin precedentes en el Caribe y una escalada de sanciones que ha paralizado sectores enteros de la economía cubana.
El mandatario cubano acusó directamente al presidente Donald Trump de perseguir «la asfixia de Cuba para que haya un estallido social y tenga el pretexto para intervenir», y describió tres escenarios que, según él, maneja la administración estadounidense: provocar un colapso social para intervenir con pretexto humanitario, imponer un diálogo coercitivo para apoderarse de la economía cubana y forzar un cambio de sistema político, y ejecutar una agresión militar directa.
Ante esas hipótesis, Díaz-Canel defendió la doctrina militar cubana conocida como «Guerra de Todo el Pueblo»: «No es una doctrina ofensiva, es una doctrina de defensa con participación de toda la población para defendernos».
El gobernante advirtió además sobre el coste humano de una eventual invasión: «Invadir a Cuba costaría cientos de miles de vidas cubanas, pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas y grandes pérdidas en todo tipo de cosas. Sería un desenlace complejo para los propios Estados Unidos y sería también una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de América Latina y el Caribe».
No es la primera vez que Díaz-Canel recurre a este tipo de retórica. En abril, declaró a Newsweek que Cuba respondería con guerra de guerrillas ante cualquier agresión militar, y el 18 de mayo advirtió que un ataque provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables.
El contexto que rodea estas declaraciones es de máxima presión. Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que internacionalizó las sanciones secundarias contra Cuba, afectando a empresas y ciudadanos de cualquier país con vínculos con la isla. Como consecuencia directa, las cadenas hoteleras españolas Iberostar y Meliá anunciaron su retirada del país, y los sistemas de tarjetas de crédito dejaron de operar en la isla.
En mayo, Estados Unidos desplegó más de 1,300 marines y el grupo de ataque del USS Nimitz en el Caribe, en el marco de la operación Southern Seas 2026, y el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios del régimen.
Díaz-Canel también describió la devastación humanitaria que atraviesa la isla: más de 100,000 pacientes en lista de espera quirúrgica, entre ellos más de 12,000 niños, hospitales sin energía por los apagones, y el 67% del cuadro básico de medicamentos sin llegar a la población.
El gobernante exigió a la Unión Europea y a España que actúen: «La UE y España tienen que proteger a su empresariado y a sus ciudadanos. No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país».
Sobre la posibilidad de diálogo con Washington, Díaz-Canel fijó condiciones que el régimen considera innegociables: «No puede haber imposición de cambio de sistema político. No están en juego los asuntos internos de nuestro país. No puede ser un diálogo partiendo de una posición de fuerza o de una presión hacia el país».
La entrevista, la más extensa de una serie de declaraciones similares desde abril, se publica días antes del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en las mayores protestas contra la dictadura en décadas.
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