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PDVSA y el gobierno interino de Venezuela revisaron un nuevo borrador de contrato para la explotación de campos petroleros con el fin de eliminar una cláusula que los inversionistas extranjeros consideraban el mayor obstáculo para comprometer capital en el país, según un reporte de Bloomberg publicado este viernes.
El nuevo documento —de unas 90 páginas— suprime una disposición del borrador inicial que permitía a Venezuela terminar los contratos por «interés público» con una compensación limitada para las compañías. Fuentes familiarizadas con las negociaciones calificaron esa cláusula como «un obstáculo importante para avanzar en las conversaciones».
Las quejas de los perforadores apuntaban a dos problemas concretos: el exceso de poder que el borrador original otorgaba al Estado y la incompatibilidad de sus términos con las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.
Este ajuste se enmarca en una apertura acelerada del sector petrolero venezolano iniciada a comienzos de 2026. El 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que habilita contratos directos entre PDVSA y empresas privadas, introduce arbitraje internacional para resolver disputas, fija regalías de hasta 30% y crea un impuesto integrado de hidrocarburos con una alícuota máxima de 15%.
En febrero, la administración Trump levantó sanciones petroleras para autorizar a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell a operar y hacer transacciones con PDVSA.
El interés del sector financiero internacional crece en paralelo. Este jueves, Bloomberg reportó que JPMorgan Chase y Jefferies están organizando viajes a Caracas para clientes e inversionistas, siendo de las primeras visitas conocidas de grandes bancos estadounidenses en este contexto.
En mayo, Eni y Repsol anunciaron planes de invertir 2,000 millones de dólares en cinco años en sus empresas conjuntas con PDVSA, mientras que ExxonMobil estaría negociando derechos de extracción en hasta seis yacimientos.
El telón de fondo es una industria en estado crítico: la producción petrolera venezolana se ubica en menos de 700,000 barriles diarios, muy por debajo de los más de tres millones que alcanzó en los años 2000, tras décadas de mala gestión, corrupción y fuga de talento bajo el chavismo.
Venezuela busca además reestructurar una deuda soberana y corporativa estimada en 170,000 millones de dólares, lo que explica el interés de los grandes bancos de inversión en el país.
Sin embargo, los analistas advierten que los avances no disipan todos los riesgos: «las empresas aún evalúan factores como la estabilidad política, el respeto a contratos y el marco regulatorio general antes de comprometer inversiones significativas en el país».
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