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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó hoy el cierre definitivo de El Helicoide, el infame centro de detención de Caracas controlado por los servicios de inteligencia venezolanos, como parte de la sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada este miércoles.
El tribunal declaró responsable internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro por la detención ilegal, tortura y múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra Jorge Rojas Riera, un voluntario que participaba en tareas de apoyo logístico a una manifestación pacífica en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, el 19 de septiembre de 2003.
Ese día, tres agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) vestidos de civil, sin identificarse y portando armas largas, irrumpieron violentamente en el lugar y detuvieron a Rojas Riera sin informarle las razones de su arresto.
La intervención de la Policía del Municipio Autónomo de Chacao para intentar impedir la detención derivó en lo que la propia Corte describe como un «tiroteo de los cuatro extremos de la Plaza», seguido de una persecución.
Rojas Riera fue trasladado a El Helicoide, donde permaneció en prisión preventiva durante tres meses y dieciséis días sin motivación procesal legítima, y fue sometido a golpes en distintas partes del cuerpo, amenazas de violencia sexual, vejámenes, fue apuntado con armas de fuego y sometido a simulacros de ejecución.
La CorteIDH concluyó que «la combinación de opacidad institucional, ausencia de controles judiciales efectivos y discrecionalidad en el accionar de una agencia de inteligencia como la DISIP, favoreció la comisión de actos de tortura y otros tratos prohibidos» contra la víctima.
Venezuela nunca investigó esas torturas, incumpliendo sus obligaciones bajo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Como medida de reparación sin precedentes, la Corte ordenó el cierre del centro al determinar que su continuidad «resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos», advirtiendo que el riesgo agravado para la integridad de los detenidos «se mantiene para las personas allí detenidas».
El fallo llega en un contexto de promesas incumplidas: el 30 de enero de 2026, Delcy Rodríguez había anunciado el cierre de El Helicoide y su reconversión en un espacio social, deportivo y cultural, en el marco de una amnistía general para presos políticos.
Sin embargo, el 2 de junio, apenas días antes de la sentencia, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó que el cierre «no se ha ejecutado» y que al menos 25 presos políticos seguían recluidos allí.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela ya había señalado que el SEBIN —sucesor de la DISIP— perpetró en El Helicoide detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Además del cierre, la CorteIDH impuso a Venezuela la obligación de reabrir la investigación penal y sancionar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, adoptar un protocolo especializado para que jueces y fiscales investiguen torturas, crear un registro oficial de denuncias de torturas en el centro, e indemnizar a Rojas Riera y a su madre, Jackeline Riera Pietri, por daños materiales, inmateriales y costas.
Esta no es la primera vez que la CorteIDH condena las condiciones del recinto: en los casos Díaz Peña Vs. Venezuela y Guevara Rodríguez y otros Vs. Venezuela, el tribunal ya había concluido que El Helicoide «no cumple con los requisitos materiales mínimos para el tratamiento digno de las personas privadas de la libertad» y que la permanencia allí constituye «per se un trato violatorio del derecho a la integridad personal».
Ninguna de esas sentencias anteriores llevó al cierre efectivo del centro, lo que convierte la orden de hoy en una prueba decisiva de si el régimen venezolano está dispuesto a cumplir sus obligaciones internacionales o si, una vez más, ignorará el mandato del sistema interamericano de derechos humanos.
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