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El régimen cubano dio a conocer los detalles del proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, una norma con la que busca reorganizar el marco jurídico que regula uno de los recursos más importantes para la economía nacional: la tierra destinada a la producción de alimentos.
La futura legislación, cuya aprobación está prevista para el próximo 16 de julio de 2026 durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, forma parte del paquete de reformas agrícolas anunciado recientemente por Miguel Díaz-Canel para intentar revertir la profunda crisis productiva que atraviesa el campo cubano.
Según explicó Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG), el proyecto reúne en un solo cuerpo legal más de 25 disposiciones jurídicas que durante décadas han regulado de manera dispersa la propiedad, posesión, transmisión y uso de la tierra agropecuaria y forestal.
La funcionaria aseguró que la norma constituye una actualización integral del régimen jurídico agrario, aunque insistió en que mantiene los principios establecidos por las leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963.
"La Ley ratifica como premisas los principios y presupuestos de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, demostrando que es una ley de continuidad revolucionaria", afirmó.
Más tierra y plazos más largos para los usufructuarios
Uno de los cambios más significativos es la modificación de las reglas para la entrega de tierras estatales ociosas.
La nueva ley derogará el Decreto-Ley 125 de 1991 y el Decreto-Ley 358 de 2018, que establecía contratos de usufructo por hasta 20 años y limitaba las entregas a 26,84 hectáreas para personas naturales.
Con la nueva normativa, los contratos de usufructo podrán extenderse hasta 25 años prorrogables y las superficies entregadas alcanzarán hasta 67,10 hectáreas, equivalentes a cinco caballerías.
Además, determinadas actividades vinculadas a la ganadería, la producción forestal, el cultivo de arroz o la caña de azúcar podrán llegar progresivamente hasta las 268 hectáreas.
Las nuevas disposiciones también amplían los posibles beneficiarios de estas entregas e incluyen a ciudadanos cubanos, extranjeros con residencia permanente en el país y, por primera vez, a micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) vinculadas a actividades agropecuarias y forestales.
Mipymes, inversión extranjera y nuevos actores
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es el reconocimiento expreso de las mipymes estatales, privadas y mixtas como productores agropecuarios y forestales.
La futura norma incorpora además polos productivos, proyectos de desarrollo local y modalidades de inversión extranjera como actores legítimos dentro del sistema agrícola.
Según Cruz Legón, estos actores constituyen "la base productiva del sistema de la agricultura", sobre la cual se organizan los procesos productivos y la prestación de servicios agrarios.
Las mipymes privadas podrán acceder a tierras en usufructo siempre que sus proyectos contribuyan al desarrollo municipal, los sistemas alimentarios locales o la producción destinada al consumo territorial, el turismo y las exportaciones.
La medida complementa los anuncios realizados por Díaz-Canel el pasado 12 de junio, cuando prometió flexibilizar el acceso a insumos, permitir operaciones en moneda nacional y divisas, facilitar la participación en el mercado cambiario y promover asociaciones entre productores estatales, cooperativos, privados e inversionistas extranjeros.
Esas medidas forman parte de un programa más amplio presentado por el gobernante para rescatar un sector que acumula años de retroceso productivo.
Entre los objetivos declarados figuran reducir las tierras ociosas, incrementar la productividad y agilizar los trámites vinculados a la actividad agropecuaria.
Más derechos sobre viviendas, herencias y compraventas
El proyecto también introduce cambios importantes en materia de seguridad jurídica para quienes viven y trabajan la tierra.
Por primera vez, los usufructuarios podrán legalizar como propiedad las viviendas construidas en terrenos entregados por el Estado, siempre que acrediten al menos cinco años de trabajo efectivo y cumplan las obligaciones derivadas de sus contratos.
La ley autoriza además la compraventa de tierras entre campesinos propietarios, previa aprobación de la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios y sin superar los límites máximos establecidos.
En materia sucesoria incorpora una figura inédita en este ámbito: los pactos sucesorios, mediante los cuales el titular podrá designar en vida a un heredero mediante escritura pública para evitar conflictos futuros.
Las donaciones también se amplían y podrán beneficiar a cónyuges, parejas de hecho afectivas, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y personas reconocidas por vínculos socioafectivos.
Las restricciones que permanecen
A pesar de las flexibilizaciones anunciadas, la nueva legislación mantiene varios de los límites históricos sobre la propiedad de la tierra en Cuba.
El arrendamiento continúa prohibido.
El Estado conserva el derecho de tanteo sobre cualquier transmisión de tierras y la propiedad privada sigue limitada a 67,10 hectáreas por titular, un tope que permanece prácticamente inalterable desde la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963.
La norma también prevé la creación de un Registro de la Tierra y la inscripción gradual de los terrenos en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mecanismos que el Gobierno considera necesarios para fortalecer la seguridad jurídica y el control administrativo sobre este recurso.
La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para la agricultura cubana. Durante los últimos años la producción nacional de alimentos ha sufrido un fuerte deterioro.
El arroz pasó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 toneladas en 2025.
Las viandas disminuyeron un 44 %, la producción de huevos cayó un 43 % y la leche registró un descenso de 37,6 %.
Mientras tanto, Cuba continúa importando entre el 70 y el 80 % de los alimentos que consume, con un costo cercano a los 2,000 millones de dólares anuales.
La nueva legislación se enmarca en el paquete de reformas agrícolas anunciado por Díaz-Canel, que también contempla acceso a insumos en moneda nacional y divisas, apertura a la inversión extranjera y mayores facilidades para la creación de asociaciones productivas.
Paralelamente, el régimen anunció la desaparición del Ministerio de Agricultura, que será sustituido por un nuevo Ministerio de Agroalimentación encargado de integrar agricultura, industria alimentaria, pesca y sector azucarero.
Aunque el Gobierno sostiene que estas reformas permitirán avanzar hacia la soberanía alimentaria y aumentar la producción nacional, los cambios llegan en medio de una crisis marcada por la escasez de combustible, fertilizantes, maquinaria e insumos básicos, factores que los propios productores han señalado durante años como algunos de los principales obstáculos para recuperar la capacidad productiva del campo cubano.
Preguntas frecuentes sobre la nueva Ley de Tierras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Tierras en Cuba?
La nueva Ley de Tierras en Cuba introduce cambios significativos en el régimen de usufructo de tierras, permitiendo contratos de hasta 25 años prorrogables y aumentando la superficie máxima de tierras entregadas a 67,10 hectáreas para personas naturales. La ley también reconoce a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como actores en la producción agropecuaria y facilita la participación de inversores extranjeros.
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¿Cómo afecta la nueva ley a los campesinos cubanos?
La nueva ley introduce algunas flexibilidades para los campesinos, como la posibilidad de legalizar la propiedad de viviendas en terrenos trabajados por más de cinco años y el reconocimiento de pactos sucesorios para designar herederos. Sin embargo, la propiedad privada de tierras sigue limitada a 67,10 hectáreas y el arrendamiento permanece prohibido, manteniendo restricciones significativas sobre la propiedad de la tierra.
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¿Por qué el gobierno cubano está implementando estos cambios en la legislación agraria?
El gobierno cubano busca reorganizar el marco jurídico agrario para intentar revertir la crisis productiva que afecta al sector agrícola del país. Estos cambios forman parte de un paquete de reformas más amplio anunciado por el presidente Miguel Díaz-Canel, que también incluye facilitar el acceso a insumos, fomentar la inversión extranjera y promover asociaciones productivas con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria.
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¿Qué restricciones persisten en la nueva Ley de Tierras en Cuba?
A pesar de las flexibilidades introducidas, la nueva ley mantiene restricciones significativas, como la prohibición del arrendamiento de tierras y el derecho de tanteo del Estado sobre cualquier transmisión de tierras. La propiedad privada de tierras sigue limitada a 67,10 hectáreas por titular, un límite que se mantiene desde la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963.
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¿Qué papel jugarán las Mipymes en el nuevo sistema agrario cubano?
Las Mipymes tendrán un papel destacado en el nuevo sistema agrario cubano, ya que la ley las reconoce como actores legítimos en la producción agrícola y forestal. Podrán acceder a tierras en usufructo si sus proyectos contribuyen al desarrollo local, los sistemas alimentarios o la producción destinada al turismo y las exportaciones. Esto busca dinamizar la economía agrícola y fomentar la innovación y eficiencia en el sector.
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