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La Dirección Provincial de Vivienda de Sancti Spíritus está promoviendo que cada edificio multifamiliar del territorio abra su propia cuenta bancaria vinculada al consejo de vecinos, una medida que anticipa en la práctica el modelo de cuotas obligatorias que contempla el proyecto de nueva Ley de la Vivienda aún pendiente de aprobación parlamentaria.
El impulso surgió a raíz de una contingencia concreta: la rotura de una bomba de agua dejó sin servicio de abasto a 19 edificios del reparto Olivos 1, en la ciudad de Sancti Spíritus, según informó Radio Vitral Sancti Spíritus.
Yuslevi Vázquez Castillo, subdirector legal de Vivienda en el territorio, explicó que la solución exige tanto acciones técnicas como organización comunitaria, y subrayó la necesidad de que los edificios dispongan de fondos propios antes de que ocurran este tipo de averías.
«Disponer de ese fondo evita que, en un momento puntual, haya que recoger de forma simultánea una cuota que puede afectar directamente al vecino, sobre todo en la actual coyuntura económica», señaló el funcionario.
Las cuentas bancarias deberán estar autorizadas por los directores municipales del sector mediante resolución, y su gestión quedará en manos de las juntas directivas de los consejos de vecinos, que las autoridades también llaman a fortalecer con estructuras organizativas funcionales.
La medida busca reducir los riesgos de morosidad y garantizar el funcionamiento por turnos de los servicios y las reparaciones en los inmuebles compartidos.
Lo que ocurre en Sancti Spíritus se adelanta al marco legal que el régimen pretende imponer a escala nacional.
El proyecto de nueva Ley de la Vivienda, de 190 artículos y 91 páginas, establece en su capítulo XI la creación de juntas de administración en todos los edificios multifamiliares del país, con facultad para fijar cuotas mensuales obligatorias destinadas a gastos comunes.
El artículo 157 del texto es explícito: «Los acuerdos adoptados por la Junta de Administración tienen efectos vinculantes para todos los titulares», sin posibilidad de eximirse del pago.
Entre los gastos que cubrirían esas cuotas figuran la limpieza, el mantenimiento, la conservación y la rehabilitación de elementos comunes como escaleras, patios, cisternas, bombas de agua y ascensores.
El proyecto fue sometido a consulta popular hasta el 28 de febrero de 2026 y lleva las firmas de Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, y de Miguel Díaz-Canel, aunque las fechas de aprobación aparecen en blanco.
Todo esto ocurre en el contexto de una crisis habitacional estructural que el régimen no ha podido revertir: el déficit oficial supera las 805,000 viviendas, el 35% del parque habitacional se encuentra en estado regular o malo, y en 2025 solo se completó el 22% del plan anual de construcción, con apenas 2,382 viviendas terminadas de las 10,795 planificadas.
Una vez aprobada la ley, el Consejo de Ministros tendrá 60 días para dictar el reglamento, y el texto entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Preguntas frecuentes sobre la nueva Ley de Vivienda en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué establece la nueva Ley de Vivienda sobre las cuotas mensuales en edificios multifamiliares?
La nueva Ley de Vivienda establece cuotas mensuales obligatorias que deberán pagar los propietarios de apartamentos en edificios multifamiliares para cubrir gastos comunes como limpieza, mantenimiento y reparaciones. Estas cuotas serán fijadas por juntas de administración creadas en cada edificio.
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¿Cuáles son las obligaciones de los propietarios según la nueva Ley de Vivienda en Cuba?
Los propietarios están obligados a contribuir con los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación de los elementos comunes de los edificios, además de tener que recuperar el valor de uso de viviendas deshabitadas con deterioro estructural. La ley también limita la posesión a dos viviendas por persona natural, más una de descanso o veraneo.
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¿Cómo afecta la crisis habitacional a la implementación de esta ley?
La crisis habitacional en Cuba, marcada por un déficit de más de 805,000 viviendas y un parque habitacional deteriorado, complica la efectividad de la nueva Ley de Vivienda. La falta de recursos y la emigración masiva han dejado muchas propiedades abandonadas, dificultando el cumplimiento de las nuevas regulaciones.
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¿Qué sucede si un propietario no cumple con el mantenimiento de su vivienda según la nueva ley?
Si un propietario no cumple con las obligaciones de mantenimiento y su vivienda llega al estado de ruina por abandono, la Dirección de la Vivienda Municipal puede solicitar al tribunal la pérdida del derecho por abandono, permitiendo que el inmueble pase a disposición del Consejo de la Administración Municipal.
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