Cubanos y extranjeros podrán comprar acciones de empresas estatales cubanas

El régimen cubano anunció este jueves una medida sin precedentes en la historia de la dictadura: convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y permitir que cubanos residentes en la isla, en el exterior y extranjeros puedan comprar participaciones en ellas, incluyendo potencialmente al conglomerado militar GAESA.

La pregunta que surge de inmediato entre los cubanos del exilio es inevitable: ¿Valdría la pena invertir en un sistema sin garantías jurídicas independientes?

Pero claro, sería demasiado bueno si el mismo régimen, a través de su vocero más importante, el periódico Granma, no hubiese incluido esta coletilla: «Para este proceso será necesario clasificar las empresas».

Así que, en el futuro, es de suponer que esta empresa, la guinda del pastel del régimen junto con otras quizás vinculadas a sectores de la industria básica, medios de comunicación, etc., estarían fuera del alcance. 

El régimen también dijo: «El Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria». 

Además, aclaró: «También podrán comprar acciones las formas de gestión no estatal y personas naturales, en la gradualidad que se defina». 

Y otro detalle: «Las empresas estatales podrán comprar acciones de otras empresas».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó el paquete ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada este jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana con la participación telemática de Raúl Castro y la presencia física de Miguel Díaz-Canel.

El documento presentado recoge 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes. En el Eje 2, sobre relaciones de propiedad, Marrero Cruz anunció que se permitirá «la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como naturales, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos».

El régimen afirmó que el Estado garantizaría su participación mayoritaria en los sectores considerados estratégicos, pero la medida abre la puerta —por primera vez— a que cualquier persona natural o jurídica se convierta en accionista de empresas que hasta hoy eran exclusivamente estatales.

Entre esas empresas figura potencialmente GAESA (aunque es de esperarse que esta puerta no la abra), el conglomerado de las Fuerzas Armadas que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, con activos reportados de casi 17,900 millones de dólares en 2024, e incluye a Gaviota (turismo), CIMEX (remesas y comercio), TRD Caribe (tiendas en divisas) y Habaguanex (La Habana Vieja).

GAESA opera sin publicar estados financieros ni someterse a auditoría de la Asamblea Nacional.

El régimen también anunció la creación de un Programa de Inversión que incentive específicamente la participación de cubanos residentes en el exterior en empresas cubanas, una novedad que algunos analistas reconocen pero que genera profundo escepticismo.

El empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, advirtió días antes de la sesión que las privatizaciones podrían convertirse en «piñatas» si se realizan con opacidad, comparando el riesgo con la privatización rusa que «benefició a pocos».

Saladrigas reconoció que las condiciones serían iguales para el cubano del exterior y el residente en la isla, pero insistió en que no habrá inversión seria sin cambios políticos de fondo, independencia judicial y protección efectiva de la propiedad privada.

La medida llega en el peor momento económico de Cuba desde el Período Especial: la producción industrial de 2024 fue la más baja en 40 años, la construcción de viviendas cayó por debajo de los niveles de los años 90 y el PIB acumula años de contracción.

Marrero Cruz reconoció que «la no implementación [de las transformaciones] podría generar consecuencias irreversibles en el orden político y social».

La implementación del paquete impacta más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano y requerirá elaborar 32 nuevas normas de rango superior, entre ellas 10 leyes, 14 decretos-leyes y ocho decretos, según informó el propio régimen ante la Asamblea Nacional.

«El mayor riesgo no es transformar demasiado, sino hacerlo a medias», afirmó el diputado Carlos Miguel Pérez Reyes durante el debate, una frase que resume la tensión entre la urgencia de la crisis y la desconfianza acumulada durante décadas de promesas incumplidas.