Dos adultos mayores sobreviven entre los escombros de su rancho derrumbado en la comunidad rural de La Pollera, en el municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, sin que ninguna autoridad se haya presentado a atender su situación.
La denuncia fue publicada por la página Vertientinos por el Mundo y muestra el estado ruinoso de la vivienda: el cuarto, la cocina, el baño y la sala completamente deteriorados.
El derrumbe ocurrió hace aproximadamente un mes. Ante la emergencia, los ancianos fueron trasladados de forma provisional a un consultorio médico cercano, pero las propias autoridades les exigieron que abandonaran ese refugio, dejándolos sin ninguna alternativa habitacional.
Lo que más indigna a quienes conocen el caso es el silencio institucional absoluto. «No se ha presentado NADIE en su casa. Ni el delegado, ni la trabajadora social, nadie. Y él acudió a ellos en varias ocasiones», denunció quien alertó sobre la situación.
Lejos de coordinar una respuesta de emergencia, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Vertientes celebró una reunión en la que, según una fuente citada en la denuncia, pidió a los propios vecinos que asumieran la ayuda, argumentando que «el gobierno no tiene cómo ayudarlos».
La admisión pública de incapacidad por parte del órgano de gobierno local contrasta con el discurso oficial sobre las supuestas conquistas sociales de la revolución.
El caso no es un hecho aislado. Cuba atraviesa su peor crisis habitacional en décadas, con un déficit que supera las 929,000 viviendas. Entre 2020 y 2024, la construcción cayó de 32,874 a apenas 7,427 unidades anuales, de las cuales solo 2,756 fueron estatales. En 2025, en todo el país se terminaron apenas 5,454 viviendas.
Los adultos mayores son quienes más sufren este colapso. Sus pensiones equivalen a entre nueve y diez dólares mensuales, una cifra que no alcanza para alimentación, medicinas ni mucho menos reparaciones del hogar.
El éxodo masivo de jóvenes ha dejado a miles de ancianos sin redes familiares de apoyo, expuestos a una institucionalidad que reconoce su propia impotencia.
En febrero de 2026, el régimen autorizó residencias privadas para adultos mayores, medida que no ha tenido ningún impacto real en emergencias concretas como la de Vertientes.
Paradójicamente, un nuevo proyecto de Ley de Vivienda contempla que el Estado pueda apropiarse de viviendas consideradas «abandonadas», mientras deja sin techo a ciudadanos que viven entre escombros.
No es la primera vez que Camagüey registra situaciones de este tipo. Un anciano de 85 años fue hospitalizado tras el derrumbe de su casa en el barrio Buenavista de esa misma provincia en junio de 2023, y el gobierno provincial ha llegado a promover la construcción de «casas de barro» como alternativa ante la escasez de materiales.
«¿Dónde están las conquistas y los logros de la revolución que prometió casa a los cubanos?», pregunta la publicación de Vertientinos por el Mundo, una interrogante que resume la brecha entre el relato oficial y la realidad que enfrentan los cubanos más vulnerables.
Archivado en: