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La organización venezolana de derechos humanos PROVEA denunció este miércoles que las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, están priorizando el control militar-policial del territorio en La Guaira en lugar de garantizar servicios esenciales a los miles de afectados por los terremotos del 24 de junio.
La ONG realizó este miércoles su segunda visita al estado costero para acompañar labores de asistencia humanitaria en centros comunitarios de Catia La Mar y Caraballeda, zonas entre las más golpeadas por los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia.
«No observamos ningún esfuerzo o iniciativa estatal para proveer a la ciudadanía de servicios esenciales como alimentación o agua potable», señaló PROVEA en su informe.
En contraste, la organización sí documentó un amplio despliegue de recursos humanitarios por parte de actores internacionales, agencias de la ONU y voluntarios de la sociedad civil, a quienes calificó como «un factor clave para la mitigación de nuevos riesgos derivados de la crisis».
Uno de los hallazgos más alarmantes fue la presencia de agentes de la DGCIM, el SEBIN y el CONAS en la zona de desastre, organismos de inteligencia sin competencias legales en gestión de riesgos ni control del orden público.
«El emplazamiento de numerosos agentes de la DGCIM, SEBIN y CONAS pudiera entorpecer aún más el manejo de la crisis y dar pie a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos, tomando en cuenta su actuación en situaciones similares ocurridas en el pasado», advirtió la ONG.
PROVEA también constató una actuación descoordinada entre los distintos cuerpos de seguridad desplegados, lo que ha generado una gestión deficiente del tránsito de ambulancias y personal de salud. En varios casos, los propios rescatistas han tenido que asumir la dirección del tráfico en zonas saturadas de vehículos para poder continuar su trabajo.
El gobierno de Rodríguez restringió el acceso al estado La Guaira a partir de las 8:00 p.m. del 26 de junio y desplegó más de 14,000 militares y policías en la zona bajo el argumento del «mantenimiento de la paz». La medida generó una ola de críticas, resumidas en el reclamo viral de un voluntario: «aquí hay fusiles, no palas».
La ONG recordó además un precedente histórico que agrava la preocupación: durante el deslave de 1999 en el entonces estado Vargas —el mismo territorio que hoy es La Guaira—, funcionarios de la DISIP, antecesora del SEBIN, fueron responsables de desapariciones forzadas de ciudadanos detenidos en el contexto de aquel desastre.
Rodríguez, quien fue abucheada durante un recorrido por la zona afectada el 27 de junio, se convirtió en el rostro de la gestión de la crisis ante la ausencia de Nicolás Maduro del país.
Los terremotos del 24 de junio son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900. El balance al cierre de este miércoles registra entre 1,719 y 1,943 fallecidos confirmados, más de 10,000 heridos y una estimación de la ONU de hasta 50,000 desaparecidos, con daños económicos que superan los 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano.
«La excesiva securitización y militarización se aleja de la función que los órganos de seguridad deberían ejercer en este tipo de crisis, que es brindar apoyo a la labor humanitaria y actuar bajo la coordinación de los organismos civiles de socorro, respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad», concluyó PROVEA.
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