Una madre joven con dos hijos menores enfrenta un desalojo forzado en el poblado de La Boca, municipio Mariel, provincia Artemisa, luego de haber ocupado un antiguo local del INDER que llevaba años completamente abandonado y en desuso, según una denuncia ciudadana difundida en Facebook este jueves por Diasniurka Salcedo Verdecia.
Según la denuncia, el inmueble llevaba años sin uso y los vecinos lo utilizaban incluso como baño público antes de que la joven lo ocupara como única alternativa ante la falta de vivienda.
Las autoridades municipales pretenden sacarla del lugar sin ofrecerle, según la denuncia, ninguna solución habitacional alternativa.
La propia madre relató en un video lo que le dijo un funcionario identificado como «el intendente»: «diciendo que ellos tenían toda la potestad de parar los carros del MININT ahí y de sacarme, que no se llama desalojo, como esto es una institución de gobierno, eso no se llama desalojo, simplemente me sacan porque no es mío y lo pueden hacer según ellos».
Además del desalojo, la denuncia señala que las autoridades habrían amenazado con retirarle la custodia de sus hijos menores como mecanismo de presión, una dimensión especialmente grave que ha generado indignación entre quienes difunden el caso en redes sociales.
Salcedo Verdecia calificó la situación de inaceptable: «Es inaceptable que un inmueble permanezca abandonado durante años y que, cuando una persona en situación de vulnerabilidad busca un techo para sobrevivir, la respuesta sea un desalojo sin que, presuntamente, se conozca una alternativa digna».
El caso se enmarca en la crisis de vivienda en Cuba, que alcanza niveles críticos: el déficit habitacional supera las 800,000 viviendas según el Ministerio de la Construcción, el 35% del fondo habitacional está en condiciones regulares o malas, y en todo el país se construyeron apenas 5,454 unidades durante 2025.
Esta precariedad ha empujado a cientos de familias a ocupar locales e inmuebles estatales abandonados como única salida.
El régimen ha respondido con una política de desalojos inmediatos en Cuba, amparada en el Código Penal vigente desde diciembre de 2022, que permite actuar sin esperar procesos judiciales.
Casos similares de madres con hijos expulsadas de locales abandonados han sido documentados en múltiples municipios desde 2020, pero la amenaza de arrebatarle los menores a esta madre añade una presión adicional.
Salcedo Verdecia hizo un llamado público a las autoridades para que «actúen con humanidad y transparencia» y pidió a la comunidad que aporte más detalles sobre el caso.
Preguntas frecuentes sobre el desalojo y crisis habitacional en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las autoridades intentan desalojar a la madre en Mariel?
Las autoridades intentan desalojar a la madre porque ella ocupó un antiguo local del INDER que llevaba años abandonado. El gobierno considera que el inmueble es una institución de gobierno y no le pertenece, por lo que argumentan que tienen la potestad para sacarla sin que se considere un desalojo formal.
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¿Qué alternativas ofrece el gobierno cubano a las familias desalojadas?
Según la denuncia, las autoridades municipales no ofrecen ninguna solución habitacional alternativa a las familias desalojadas, lo que deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
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¿Cómo afecta la crisis habitacional en Cuba a las familias vulnerables?
La crisis habitacional en Cuba es grave, con un déficit de más de 800,000 viviendas. Esto obliga a muchas familias vulnerables a ocupar locales abandonados o vivir en condiciones precarias, lo que aumenta su riesgo de ser desalojadas sin alternativas dignas.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis de vivienda?
El gobierno cubano ha reconocido el problema de la vivienda, pero las soluciones ofrecidas, como la conversión de contenedores marítimos en viviendas modulares, no han sido suficientes para cubrir el déficit ni resolver las causas estructurales de la crisis.
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