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A punto de cumplirse una semana de los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela, las cifras oficiales de víctimas generan una desconfianza creciente entre organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y analistas, mientras el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se niega a publicar cualquier estimación de desaparecidos.
El último informe oficial, del miércoles, contabilizó 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos en los estados afectados, una cifra muy inferior al piso de 10.000 víctimas fatales que el Servicio Geológico de Estados Unidos proyectó apenas horas después del sismo.
El mayor interrogante no son los muertos, sino los desaparecidos. El Comité Internacional de Rescate estimó el martes que esa cifra se acercaría a los 50.000 personas, estimación que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) validó.
Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, la calificó de «aterradoramente verosímil», aunque aclaró que no todas las personas con paradero desconocido están bajo los escombros.
La plataforma ciudadana Encuéntralos registraba al miércoles más de 71.000 personas sin localizar, una cifra que contrasta radicalmente con el silencio oficial.
El coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, fue contundente: «Hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo. Por lo tanto, sin duda estamos ante una cifra superior a la que ya se ha comunicado».
La ONU adquirió además 10.000 bolsas para cadáveres en acuerdo con las propias autoridades venezolanas.
Los números del vocero oficial de la tragedia, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, también dejan un vacío inexplicable.
Reveló que unas 30.000 personas se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar al momento del sismo; de ellas, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios y otras 6.461 fueron rescatadas. Eso deja una diferencia de cerca de 10.000 personas sobre las que el funcionario no ofreció ninguna explicación.
La organización de derechos humanos Provea fue una de las primeras en alzar la voz. El domingo 28 de junio denunció que «las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas» y exigió «cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional», cuestionando que en un día el conteo oficial aumentara apenas 20 fallecidos.
Días después, la misma ONG advirtió que «crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones».
El sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, atribuye la falta de transparencia principalmente al control político.
«Hay una crisis de confianza en lo interno de la Fuerza Armada desde el 3 de enero, cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro en Caracas. El Gobierno está consciente de que esto puede deslegitimar a Delcy Rodríguez con el impacto de la tragedia, generar preguntas sobre la capacidad del Estado, el manejo de los recursos», dijo en diálogo con CNN.
Uzcátegui también señaló la ausencia de criterio técnico en la gestión de la crisis: «No hay un mecanismo de información. La situación excede no solo por la magnitud, sino por el dogmatismo y sectarismo: sería diferente si el Gobierno hubiese convocado a personas con conocimiento técnico para estar al frente, pero está liderado por personas leales».
Otros incidentes erosionan aún más la confianza. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron filmados sustrayendo pertenencias entre los escombros en La Guaira, y el organismo informó que fueron expulsados y detenidos.
Además, el Ministerio de Comunicación suspendió temporalmente el acceso de corresponsales a La Guaira, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, alegando «razones sanitarias y para disminuir los ruidos».
Entre los desaparecidos figuran al menos 21 cubanos concentrados en Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, mientras ocho compatriotas han sido confirmados como fallecidos.
Uzcátegui advirtió que la crisis de legitimidad del régimen «va a entorpecer» la fase de reconstrucción del país, justo cuando el plazo constitucional de 180 días para un gobierno encargado está próximo a vencer.
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