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El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga defendió este viernes el paquete de reformas económicas aprobado por la Asamblea Nacional y negó categóricamente que las medidas respondan a presiones de Washington, en una entrevista concedida a CNN con el periodista Juan Carlos López.
«Todas las transformaciones que estamos decidiendo, que serían impensables hace algunos años atrás en nuestro país, tienen amparo total en la ley, en la Constitución de la República de Cuba, y no obedece a presión alguna que no sea el interés de las máximas autoridades del gobierno cubano de generar bienestar, el bienestar que nuestro pueblo merece», afirmó el funcionario.
El mensaje del régimen contrasta con la lectura de la administración Trump, cuyo Departamento de Estado calificó las medidas de «modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo».
La Asamblea Nacional avaló en junio las 176 medidas agrupadas en 23 ejes, que incluyen la posibilidad de que personas jurídicas nacionales y extranjeras adquieran acciones de empresas estatales, apertura al desarrollo inmobiliario en zonas turísticas, exportación directa por privados e inversión de cubanos residentes en el exterior.
Pérez-Oliva Fraga insistió en que las reformas forman parte de una estrategia previa y no de decisiones improvisadas: «El punto de partida de estas transformaciones son precisamente el programa económico y social de nuestro gobierno que se complementa perfectamente con estas transformaciones y que buscan crear un dinamismo diferente en la economía».
Sobre la desconfianza de los inversionistas extranjeros, el funcionario reconoció el problema pero prometió nuevas garantías: «Perseguimos crear un ambiente favorable, una legislación que ofrezca seguridad jurídica que tenga trámite simplificado y sobre todo que exista mucha transparencia para generar confianza en los inversionistas extranjeros».
El analista político José Azel, también consultado por CNN, fue más escéptico: «Cuba necesita inversiones extranjeras, capital, y ese capital francamente no va a existir si no existen garantías mucho más fuertes que las que está ofreciendo el Gobierno cubano».
El funcionario también defendió la eliminación parcial de los subsidios universales, a los que calificó de «injustos», y admitió que el proceso exige una transformación cultural profunda: «Uno de los elementos fundamentales… es el cambio de mentalidad, es lo más complejo».
En materia energética, Pérez-Oliva Fraga reconoció una situación crítica: «Hoy es conocido que nuestro país está recibiendo combustible en contenedores, es un sistema de suministro insostenible para una economía».
Cuba perdió a Venezuela como principal proveedor de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro, y la presión de Washington sobre terceros países ha impedido que otras naciones cubran ese déficit de forma estable.
El día anterior, el mismo funcionario había acusado a Estados Unidos ante la Cámara de Comercio de Cuba de querer imponer a la isla una «dependencia económica forzosa», en un discurso que anticipa el tono con el que el régimen pretende posicionarse ante la comunidad internacional.
Este mensaje coordinado —repetido por Díaz-Canel y Pérez-Oliva Fraga en múltiples escenarios desde la aprobación del paquete— llega mientras la economía cubana acumula una caída de entre 23% y 26% desde 2019, y la CEPAL proyecta una contracción del PIB de 6,5% para 2026, la peor de América Latina por segundo año consecutivo.
La administración Trump respondió a las reformas del régimen con una nueva ronda de sanciones el 23 de junio contra cinco entidades vinculadas a GAESA, entre ellas el Banco Financiero Internacional y Almacenes Universales S.A., en una señal de que Washington no considera suficientes los cambios anunciados por La Habana.
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