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Un cable diplomático del Departamento de Estado, filtrado y divulgado por la revista The Nation, revela que Washington habría instruido a sus embajadas a presionar a otros países para frenar un debate en la ONU sobre Cuba previsto para el 7 de julio.
La filtración ha desatado tensiones internacionales y, al mismo tiempo, ha dado al régimen cubano una nueva oportunidad para reforzar su discurso de confrontación externa.
Un cable que revela presión diplomática
El documento, fechado el 1 de julio y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, muestra cómo Estados Unidos busca influir en la posición de distintos países ante la Asamblea General.
Sin embargo, el episodio también vuelve a poner en evidencia un patrón recurrente: La Habana aprovecha cada choque diplomático para desviar la atención de la crisis interna que atraviesa la isla.
La revista The Nation publicó el 2 de julio un artículo firmado por los periodistas Peter Kornbluh y Ken Klippenstein en el que se revela el contenido del cable, clasificado como «Sensible pero no Clasificado» (SBU).
El documento, de tres páginas, fue obtenido por Klippenstein y lleva por título “Engaging UN member states on July 7 UN General Assembly open debate on Cuba”.
Instrucciones diferenciadas por países
Según la investigación, el cable divide a los países en tres categorías con directrices diferenciadas.
A los aliados firmes de Washington se les pide que critiquen abiertamente al régimen cubano por su modelo económico, su mala gestión y la corrupción.
A los países no alineados se les solicita que se abstengan de intervenir en el debate, mientras que a los gobiernos que tradicionalmente han respaldado a La Habana se les advierte que Estados Unidos observará atentamente sus posiciones.
El documento también sostiene que la resolución anual contra el embargo se ha convertido en una plataforma propagandística que el régimen utiliza para evitar rendir cuentas.
En ese contexto, considera innecesario abrir un nuevo debate extraordinario.
Economía en crisis y narrativa oficial
El cable afirma que la economía cubana carece de bases reales y atribuye su deterioro a la incompetencia y la mala gestión.
Al mismo tiempo, asegura que Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, cuya entrega -según Washington- se ha visto obstaculizada por las autoridades cubanas.
The Nation indica que esa ayuda lleva más de un mes sobre la mesa y que su distribución estaría condicionada a canales independientes, como organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica, en lugar de las estructuras estatales.
En paralelo, Díaz-Canel admitió recientemente errores del régimen, aunque volvió a insistir en el embargo como principal causa de la crisis.
Esa narrativa evita asumir responsabilidades por el impacto de un modelo económico centralizado, la falta de reformas y el control político.
La filtración fue rápidamente utilizada por el régimen.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla había denunciado días antes supuestas presiones de Estados Unidos, y tras conocerse el contenido del cable, La Habana reforzó ese discurso en sus medios oficiales.
Rodríguez afirmó que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y calificó el embargo como un “crimen contra la humanidad”.
Sin embargo, el Gobierno cubano omite que, pese a más de 30 votaciones consecutivas en la ONU contra las sanciones, no ha implementado cambios estructurales ni ha mejorado la situación de los derechos humanos.
La sesión extraordinaria del 7 de julio pondrá a prueba la capacidad de presión diplomática de Washington. Entretanto, millones de cubanos siguen enfrentando una crisis cotidiana en la que el régimen continúa priorizando el control político por encima de soluciones reales.
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