Hay jueces de inmigración en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio que han otorgado residencia permanente a cubanos portadores del formulario I-220A, pero esas victorias legales no han llegado en forma de Green Card a manos de nadie: el gobierno federal las ha apelado todas de manera inmediata, dejándolas en suspenso indefinido.
Así lo explicó el abogado de inmigración Willy Allen en un análisis reciente sobre el estado actual de estos casos, donde describió la situación con una palabra contundente: «La I-220A es algo esquizofrénico. Sí hay jueces que la han otorgado».
Según Allen, la contradicción es clara. «Ha habido dos o tres jueces que han otorgado residencia a los I-220A. Y esas residencias otorgadas el gobierno inmediatamente las apeló. Así que no son residencias otorgadas. El juez las otorgó, pero no se han dado a la persona porque el gobierno apeló».
El problema de fondo es que ahora todo depende del Board of Immigration Appeals (BIA), el organismo que debe resolver esas apelaciones del gobierno, y que no tiene ningún plazo legal para hacerlo.
«El Board of Immigration Appeals puede arrastrar los pies por largo rato y no sé cuándo lo van a decidir. Y no hay una Corte federal que le diga al BIA que ya han pasado seis meses, toma decisión, porque yo tengo casos pendientes en el BIA de hace dos años», advirtió Allen.
El propio despacho del abogado refleja esa dualidad. Allen reporta que le han concedido aproximadamente 11 residencias en Corte, incluyendo tres en casos de personas detenidas, pero todas basadas en el argumento del parole previo de sus clientes, no directamente en el I-220A. «Los I-220A hasta ahora en Corte no nos ha aprobado ninguna, no han dado prórrogas», precisó.
Este panorama afecta directamente a casos como el de Tania Romero Naranjo, cubana de 24 años detenida por ICE el 26 de junio durante una cita rutinaria de supervisión en Portland, Texas, y cuyo hijo ciudadano estadounidense de tres años quedó bajo el cuidado del padre.
Sobre su situación, Allen señaló que existen herramientas legales disponibles, como el habeas corpus y la solicitud de fianza, aunque aclaró que no conoce todos los detalles del caso. Su despacho ha ganado 47 de 50 habeas corpus presentados, si bien el proceso más largo tomó 16 meses y requirió dos presentaciones por cambios de jurisdicción.
Sin embargo, el abogado no ocultó la gravedad del momento: «Es triste pero se puede pelear, aunque también la puedan deportar».
La batalla legal de los I-220A lleva meses acumulando precedentes contradictorios. En agosto de 2025, un juez en Nueva Orleans fue el primero en interpretar el I-220A como parole válido y conceder residencia a un cubano.
En mayo de 2026, la abogada Liudmila Marcelo logró lo mismo ante un juez en Orlando. En todos los casos, el gobierno apeló de inmediato.
Se estima que entre 400,000 y 500,000 cubanos se encuentran en situación de I-220A en Estados Unidos, a la espera de que el BIA o una Corte federal resuelva definitivamente su estatus migratorio.
«Ya hay jueces que están favorables pero es una batalla constante», resumió Allen.
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