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Jorge Lázaro García, un migrante cubano que ingresó por la frontera sur en 2022 y recibió un formulario I-220A, ha obtenido la residencia legal permanente en Estados Unidos.
El logro, respaldado por un fallo judicial emitido en Nueva Orleans, representa más que una victoria individual: abre una posible vía de regularización para miles de cubanos en un limbo legal.
“Sentí que no iba a poder alcanzar un estatus legal, porque son momentos muy difíciles en los que no sabes si vas a tener que regresar”, declaró García a Telemundo 51 tras recibir la notificación de su estatus.
Su testimonio resuena entre quienes, como él, han esperado años bajo vigilancia migratoria sin acceso a un parole ni certeza sobre su futuro en el país.
Un fallo anclado en el precedente Matter of Q Le
La estrategia legal que condujo al triunfo de García fue liderada por el abogado de inmigración Jesús Novo, del bufete Gallardo Law Firm.
El caso se sustentó en el precedente Matter of Q Le, una decisión tomada en 2022 que involucró a una inmigrante asiática.
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En ese fallo, se estableció que los inmigrantes detenidos al cruzar la frontera sin antecedentes ni orden de arresto solo pueden ser deportados o recibir un parole, figura clave en la Ley de Ajuste Cubano.
“Esta decisión valida nuestro argumento de que a las personas, cuando las detienen en la frontera, solamente pueden hacer dos cosas: o las deportan o les dan un parole”, explicó Novo.
García no fue deportado. En cambio, recibió un formulario I-220A -un documento de libertad bajo supervisión- y posteriormente solicitó asilo político.
Al cabo de menos de tres años, logró ajustar su estatus migratorio tras argumentar que, al no haber sido deportado, debía considerarse como alguien en libertad condicional (paroled), según lo previsto en el caso Q Le.
Aunque su residencia fue concedida por decisión de un juez, esta no sienta aún un precedente legal vinculante a nivel nacional, pero sí podría marcar una tendencia.
“Es la decisión de un juez, no es todavía una resolución de la corte de apelaciones, pero podría motivar a que otros jueces en el país actúen de manera similar en casos de I-220A”, agregó el abogado.
¿Qué es el I-220A y por qué genera controversia?
El formulario I-220A es un documento que permite a ciertos inmigrantes permanecer en Estados Unidos bajo supervisión de ICE mientras se resuelve su situación legal.
A diferencia del parole, el I-220A no se considera una admisión formal al país ni concede beneficios migratorios automáticos.
Esta distinción ha dejado a miles de cubanos atrapados en un limbo legal, sin posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano pese a haber vivido más de un año en EE.UU.
Sin embargo, como advierte el abogado Novo, el hecho de que un juez haya otorgado la residencia a García bajo esta interpretación es un indicio de que la justicia podría comenzar a reconocer que los I-220A implican de facto un tipo de libertad condicional.
El precedente de Elaine y las condiciones del sistema migratorio
El caso de Jorge Lázaro García no es el único que ha evidenciado las tensiones legales en torno al I-220A.
En días recientes fue noticia que una ciudadana cubana identificada como Elaine obtuvo asilo en EE.UU. tras pasar casi tres meses detenida en aislamiento, pese a no contar con antecedentes criminales.
Elaine también tenía un I-220A y enfrentaba una audiencia final de asilo para 2026, cuando fue arrestada durante un chequeo rutinario con ICE.
La abogada Liudmila Armas Marcelo, quien la representó, destacó que el juez “valoró las fuertes evidencias presentadas y el testimonio ofrecido durante los interrogatorios en la corte y le otorgó el asilo ante la oposición del gobierno”. Finalmente, el DHS optó por no apelar.
Estos dos casos reflejan tanto la vulnerabilidad jurídica de los migrantes con I-220A como la posibilidad de que, con una defensa adecuada y un criterio judicial favorable, puedan abrirse caminos hacia la regularización.
La opinión de Willy Allen: Enero de 2026, un mes decisivo
Para el reconocido abogado de inmigración Willy Allen, el panorama podría cambiar radicalmente en los próximos meses.
En declaraciones recientes, expresó confianza en que si los jueces emiten un fallo favorable a los I-220A en diciembre de 2025, en enero de 2026 podría haber una decisión firme.
“Si ese fallo judicial concluye que los cubanos que tienen una I-220A fueron parolados, entonces al día siguiente podrán aplicar a su residencia”, explicó Allen, quien destacó que incluso si la administración apela, eso no impediría el inicio de los trámites.
Su hijo, Willy Allen III, también abogado, ha sostenido que la justicia terminará reconociendo que el I-220A es funcionalmente un parole.
Ambos subrayan la incoherencia de que familias enteras cruzaran juntas la frontera y salieran con distintos documentos migratorios sin explicación clara: unos con parole, otros con I-220A.
No obstante, Allen advierte que hasta que se emita ese fallo definitivo, muchos cubanos seguirán expuestos a arrestos o deportaciones.
El caso de Fernando Fuertes Muñoz, detenido por ICE en agosto pese a haber cerrado su caso judicial, ilustra estos riesgos. Su defensa ha solicitado reconsideración tras una entrevista de miedo creíble fallida.
¿Qué podría cambiar?
Si se reconociera que el I-220A equivale a un parole, decenas de miles de cubanos podrían acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, ya que la mayoría lleva más de un año en el país.
El cambio implicaría no solo un alivio migratorio masivo, sino también una rectificación jurídica frente a una política que ha dejado a muchos en una situación de desigualdad y arbitrariedad.
Por ahora, el camino hacia la residencia sigue dependiendo de criterios judiciales individuales, como ocurrió en el caso de Jorge Lázaro García.
Pero casos como el suyo están sentando las bases de un argumento que gana fuerza entre juristas y activistas: el I-220A, por su efecto práctico, debe ser considerado un parole.
Un futuro aún incierto
El Departamento de Seguridad Nacional tiene aún la opción de apelar la decisión del juez en el caso de García, lo que llevaría el proceso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si eso ocurre, el resultado final podría tardar meses.
“Como único podría perder su residencia es si se apela el caso y la junta de apelaciones, en una decisión absurda, determinara que el juez se equivocó”, explicó Jesús Novo.
Entretanto, Jorge Lázaro García disfruta por primera vez en años de la tranquilidad que brinda un estatus legal. “Este paso representa el inicio de una nueva vida en Estados Unidos”, declaró.
Su historia -como la de Elaine y la de muchos otros cubanos que aún esperan en la incertidumbre- podría marcar el inicio de una transformación en la forma en que se interpreta y aplica el I-220A dentro del sistema migratorio estadounidense.
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