Dos crisis simultáneas que afectan a ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla han desencadenado un llamado urgente a organismos internacionales: la desaparición forzada del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara a manos de la Seguridad del Estado, y la situación de decenas de cubanos desaparecidos en Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó el 12 de julio una Acción Urgente bajo el expediente AU Núm. 2357/2026, a solicitud de Cubalex, exigiendo al régimen cubano informar sobre el paradero de Otero Alcántara antes del 25 de julio.
Agentes de la Seguridad del Estado sacaron al activista de la prisión de Guanajay, en Artemisa, el 7 de julio entre las 17:00 y las 18:00 horas, sin notificar a su familia ni informar su destino, pese a que su condena de cinco años vencía formalmente el 9 de julio.
Anamely Ramos logró hablar brevemente con Otero Alcántara ese mismo día desde un teléfono de la Seguridad del Estado y confirmó lo que muchos temían: «No está libre, no está excarcelado, está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana».
Amnistía Internacional calificó la situación como desaparición forzada y exigió su liberación inmediata e incondicional, recordando que la organización lo reconoce como preso de conciencia desde 2021.
No es la primera vez que Otero Alcántara sufre este tipo de represalia: el propio Comité de la ONU recordó que ya fue víctima de una desaparición forzada en julio de 2021, registrada bajo el expediente AU 1208/2021, en vísperas de las protestas del 11 de julio de ese año.
En paralelo, al menos 32 cubanos fueron reportados como desaparecidos en el estado venezolano de La Guaira —Caraballeda, Catia La Mar, Los Corales— tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, con un saldo oficial de 1,719 muertos y más de 5,000 heridos.
Plataformas ciudadanas como Encuéntralos y elToque lanzaron llamados a organismos internacionales ante la respuesta inicial evasiva del gobierno cubano, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el 27 de junio que «no tenía confirmación oficial» de connacionales afectados.
Días después, el régimen reconoció dos muertes y 24 desaparecidos. Entre las víctimas confirmadas figuran el niño cubano Dayán Nino, de 10 años, quien estuvo bajo los escombros más de una semana, y una familia de seis miembros encabezada por la instructora de ciclismo Yadina, conocida como «la Cubana».
Ambas tragedias se producen sobre el telón de fondo de una crisis humanitaria que el propio régimen se niega a reconocer.
El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla declaró el 25 de junio que la situación en Cuba «no constituye una crisis humanitaria», contradiciendo las alertas de la CIDH sobre el deterioro de servicios esenciales y las advertencias de la ONU sobre riesgo de colapso.
Los datos cuentan otra historia: apagones de hasta 25 horas diarias, solo el 30% de los medicamentos esenciales disponibles, y una mortalidad infantil que escaló de 4,0 a 9,9 por mil nacidos vivos entre 2018 y 2025.
El plazo que la ONU le impuso al régimen cubano para informar sobre el paradero de Otero Alcántara vence el 25 de julio de 2026, fecha que coincide con el aniversario del natalicio de José Martí y que la comunidad internacional observará con atención.
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