Periodista independiente denuncia golpiza y amenazas de muerte por ejercer su labor en Cuba

El periodista independiente José Antonio López Piña fue detenido, golpeado y amenazado de muerte por agentes de la policía y la Seguridad del Estado el pasado 18 de julio en Santiago de Cuba, mientras filmaba en una calle de la ciudad, según denunció el propio comunicador.

De acuerdo con su testimonio, cinco agentes policiales lo atacaron físicamente en plena vía pública. Las fotografías difundidas tras el incidente muestran una herida abierta y sangrante en la parte superior de su cabeza, con rastros de sangre visibles en el cuero cabelludo.

Tras la agresión, López Piña fue trasladado a la unidad policial conocida como El Palacete, donde quedó en manos de oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI). «Estaba filmando en la calle cuando apareció la policía y fui atacado por ellos. Después fui conducido a la unidad policial de El Palacete por oficiales del DTI; según ellos, son el grupo de enfrentamiento a la contrarrevolución. Me rompieron el teléfono», relató el periodista.

Durante el interrogatorio, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Robert fue el principal responsable de las amenazas. «Me golpearon de la cintura para abajo. Me amenazaron y me dijeron que yo era un traidor, que podía sufrir una larga condena de prisión y que estuviera preparado para lo que pudiera sucederme por seguir en esta labor, según ellos, subversiva», denunció López Piña.

El agente llegó a advertirle que su vida «podía correr peligro en medio de la situación actual del país», y que él y otros periodistas y activistas podrían permanecer detenidos «por tiempo indefinido» o ser juzgados por supuesta traición a la patria.

La destrucción del teléfono móvil dejó al periodista sin su principal herramienta de trabajo. Actualmente se comunica con un dispositivo prestado por un amigo. López Piña subrayó que este episodio no es un hecho aislado: «Yo he venido sufriendo varios asaltos. Ya este año me han hecho dos».

El historial de represión contra este comunicador se extiende desde 2019, cuando fue detenido y golpeado por participar en una campaña contra el referendo constitucional.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen le abrió un proceso penal por «instigación a delinquir» debido a la difusión de imágenes de las manifestaciones, expediente que permanece abierto. En 2022 acumulaba más de 25,000 pesos en multas que consideraba arbitrarias.

En agosto de 2023, agentes entraron en su vivienda sin orden judicial, lo sacaron a rastras, lo golpearon y le impusieron una multa de 4,120 pesos. En 2024, la organización Cubalex documentó que la Seguridad del Estado lo amenazó con acusarlo de «usurpación de funciones» por ejercer el periodismo independiente, y a finales de ese año le advirtieron con 15 años de prisión si no abandonaba el país. En 2025 se abrió contra él un expediente de «peligrosidad predelictiva».

El ataque se produce en un contexto de escalada represiva generalizada en Cuba: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó casi 2,000 acciones represivas en el primer semestre de 2026, con 257 detenciones arbitrarias, mientras que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró al menos 47 periodistas arrestados solo en julio por cubrir protestas antigubernamentales.

Cuba figura entre los países más represivos del hemisferio en materia de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch, que sitúan a la isla como uno de los entornos más hostiles del mundo para quienes informan al margen de los medios controlados por el Partido Comunista.