La activista cubana Anna Bensi relató este domingo que agentes de la Seguridad del Estado mantuvieron sitiado su edificio en Alamar, La Habana, durante toda la jornada del sábado, en el marco de un operativo represivo más amplio que afectó a periodistas, activistas y creadores de contenido independiente en toda la capital.
«Como saben, desde bien temprano, mi mamá y yo estuvimos sitiadas. En todas las entradas y salidas de mi edificio hubo vigilancia hasta la noche», escribió Bensi en sus redes sociales, donde describió con detalle y una mezcla de indignación y humor la jornada que vivió junto a su madre, Caridad Silvente.
La activista relató que agentes encubiertos de diverso perfil desfilaron frente a su edificio durante horas haciéndose pasar por enfermeras, vendedores ambulantes de torticas, rosquitas y cloro, e incluso un panadero. «Con decirles que pasó un panadero y no traía ni un pan», escribió, señalando que la situación le provocó carcajadas pese a la gravedad del acoso.
El objetivo del operativo, según denunció, era impedir que asistiera a un acto cultural de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. «No pude disfrutar del desfile en la Casa Cultural de la Embajada Norteamericana, pero tuve la oportunidad de ver desfilar todo el día a personas que se prestan para seguirle el juego a la Seguridad del Estado», ironizó.
Las restricciones en las comunicaciones agravaron aún más su situación: «Fue duro para mí no poder apoyar físicamente a algunos de los que citaron. Y casi no pude hacerlo virtualmente, pues las comunicaciones, como saben, están horribles. Uno se llena de impotencia ante estas situaciones».
El sitio a Bensi y su madre formó parte de una ola represiva que se desató a comienzos de noviembre y que alcanzó a figuras como Yoani Sánchez —detenida cerca de nueve horas y luego sitiada—, Camila Acosta —esposada y retenida más de ocho horas—, y el activista Anthony Martínez Román, liberado tras más de 20 horas de retención.
En Santiago de Cuba, fuerzas especiales asaltaron la vivienda de Yoel Alejandro Pérez Serrano, promotor de un proyecto humanitario que atendía a más de 400 personas.
Este patrón de impedir el acceso de activistas a eventos en la Embajada estadounidense se había repetido al menos en dos ocasiones previas durante 2026: en la celebración del 4 de julio y en el evento «Noches Americanas» de septiembre.
El caso de Bensi arrastra ya un largo historial de represión. El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a ella y a su madre a dos años de limitación de libertad por haber grabado y difundido la visita de un agente del MININT que entregó una citación en su domicilio.
La sentencia fue condenada por la Embajada de EE.UU. —que publicó «Pensar diferente no es un crimen»— y calificada de «cobardía» por el subsecretario de Estado Juan Pablo Segura.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 387 acciones represivas en octubre de 2026, con un acumulado de 3,438 en lo que iba de año, incluyendo 145 operativos de vigilancia y cerco domiciliario, cifras que anticipaban la escalada de noviembre.
Pese a todo, Bensi cerró su mensaje con un llamado a la resistencia y a la unidad: «Mientras más intenten hacernos daño, más nos uniremos y apoyaremos. Y el resultado de sus acciones será la propia exposición de su maldad».
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