Venta de productos agropecuarios en Matanzas genera malestar entre los compradores

Una venta de productos agropecuarios realizada este miércoles frente a la terminal de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, terminó generando malestar entre los compradores luego de que los vendedores rechazaran de forma tajante los pagos mediante transferencias electrónicas.

La denuncia fue realizada en Facebook por el periodista Hanoi Moreno Enríquez, quien aseguró que al intentar pagar por una vía digital recibió una respuesta categórica. «Un rotundo "no"», escribió.

Según el denunciante, esta negativa «no solo afecta la comodidad del consumidor, sino que contradice la política oficial de informatización y modernización de los servicios en Cuba».

Moreno Enríquez sostuvo que el propio Estado ha promovido la digitalización de las transacciones como parte de su estrategia económica y consideró que rechazar los pagos electrónicos envía «un mensaje contradictorio que debilita la confianza ciudadana en el proceso de modernización».

En su publicación, el ciudadano recordó que la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba (BCC), modificada en 2026, regula los pagos digitales y promueve su utilización dentro de la estrategia nacional de bancarización.

Afirmó además que esa normativa contempla la acreditación en tiempo real de las operaciones electrónicas e incorpora incentivos para comercios y consumidores que utilicen Pago en Línea.

Una política que no logra imponerse

Lo sucedido en Unión de Reyes no constituye un caso aislado. Pese a que el Gobierno cubano ha impulsado durante años la bancarización y el uso de pagos electrónicos, la mayoría de las operaciones comerciales del país continúa realizándose en efectivo.

Datos divulgados en julio de 2026 indican que solo el 3,77 % de las transacciones en Cuba se realizan por vías digitales. En provincias como Sancti Spíritus, menos del 10 % de los negocios privados acepta habitualmente transferencias, mientras que en Matanzas numerosos establecimientos solo permiten esta modalidad a partir de determinados montos o aplican recargos considerados ilegales, que oscilan entre el 10 y el 30 %.

La situación contrasta con el marco regulatorio vigente. La Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba estableció un límite de 5,000 pesos para determinados cobros en efectivo entre actores económicos; la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior obligó a las cooperativas agropecuarias a ofrecer medios de pago electrónicos, y la Resolución 16/2026 del Ministerio de la Agricultura dispuso que las operaciones de comercialización agropecuaria debían realizarse mediante instrumentos bancarios.

La realidad supera las normas

En la práctica, muchos vendedores aseguran que necesitan efectivo para adquirir mercancías a proveedores que tampoco aceptan transferencias, alimentando un circuito económico paralelo que dificulta la aplicación de las normas oficiales.

La magnitud del problema fue reconocida incluso por el medio estatal Cubadebate, que el pasado 14 de julio admitió que «la calle ya ha edificado su propio sistema financiero paralelo».

Ante el escaso impacto de las medidas coercitivas, el Banco Central modificó recientemente su estrategia. Desde el 20 de julio entró en vigor la Resolución 74/2026, que suspendió de manera indefinida el límite de 5,000 pesos para operaciones en efectivo e introdujo incentivos para promover los pagos electrónicos.

Entre las nuevas disposiciones figuran la reducción de la comisión para los comercios del 1,5 % al 0,8 %, la eliminación del cobro por depósitos de efectivo y una bonificación del 4 % para consumidores que realicen compras superiores a 5,250 pesos mediante canales digitales.

Persisten las contradicciones

Pese a estos cambios, la aplicación de la política sigue siendo desigual.

Mientras el pasado 21 de julio autoridades de Guantánamo advirtieron que podrían imponerse sanciones a los vendedores que rechacen las transferencias electrónicas, en Unión de Reyes los compradores continuaban este miércoles sin poder utilizar sus teléfonos móviles para pagar los productos agropecuarios.

Moreno Enríquez consideró que esta incoherencia termina debilitando la credibilidad de la propia estrategia gubernamental.

«El Estado, que impulsa la informatización, debe ser el primero en dar ejemplo aceptando pagos digitales. De lo contrario, se debilita la credibilidad de su propia política y se limita el derecho ciudadano», concluyó.