Estados Unidos sancionó este jueves al Puerto del Mariel al concluir que el conglomerado militar GAESA intentó evadir restricciones estadounidenses mediante la transferencia de la terminal a otra empresa estatal.
El núcleo de la acción es la sanción a Terminal de Contenedores de Mariel S.A. y a Coral Marítima S.A. por una operación detectada a mediados de junio: el conglomerado militar GAESA transfirió el Puerto del Mariel a Coral Marítima S.A. para sacarlo del alcance de las sanciones que ya pesaban sobre él.
El Departamento de Estado describió la maniobra sin ambigüedades: «Terminal de Contenedores de Mariel S.A. es la principal terminal de contenedores de Cuba y transfirió el Puerto del Mariel a Coral Marítima S.A. en una transacción de mediados de junio para evadir sanciones».
La notificación a clientes sobre esa venta de activos, fechada el 25 de junio en Artemisa, anunciaba la creación de Terminales Portuarias CORAL S.A. como nueva operadora. Washington respondió sancionando a ambas partes de la transacción.
El Departamento de Estado designó este jueves a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano.
Las designaciones se adoptaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y fueron anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio.
También fueron designadas CEIBA Investments Limited, firma con sede en Guernsey que invierte en bienes raíces cubanos desde 1996 y cuya filial panameña asumió el control de una antigua empresa conjunta de GAESA tras su designación, y ORBIT S.A., procesador de remesas que el Departamento de Estado considera «casi con certeza» controlado por GAESA.
En el frente de las misiones médicas, las sanciones alcanzaron a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), descrita como «la principal fuente de divisas del régimen cubano, que genera más ingresos que cualquier otro sector de la economía».
También fue sancionada la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo del Ministerio de Salud Pública encargado de reclutar profesionales para el exterior.
A nivel individual, fueron designados el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda y la directora de la UCCM Gretza Sánchez Padrón.
Washington reitera que el régimen retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, afectando a decenas de miles de profesionales desplegados en más de 50 países.
En el sector energético, las medidas alcanzaron a CEINPET —brazo de investigación y desarrollo de la ya sancionada CUPET—, y a ENERSA y EINARBO S.A., ambas importadoras de gas y lubricantes, esta última con suministros procedentes de México e India.
Esta es la cuarta ronda significativa de sanciones en menos de tres meses: el 7 de mayo fue designado directamente GAESA; el 23 de junio, Almacenes Universales S.A.; y el 13 de julio, GEMAR, ANTEX, COREYDAN, ENETEC y GECOMEX, entre otras entidades.
Rubio advirtió que cualquier banco extranjero o empresa que preste servicios a los sancionados debe suspender esas actividades de inmediato: «Cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o custodien fondos de estas entidades deben suspender esas actividades de inmediato».
El congresista Carlos A. Giménez fue más lejos en su reacción: «Cualquier país que continúe participando en el perverso esquema de tráfico humano del régimen cubano está facilitando la esclavitud moderna. Votaré para retirar fondos de EE.UU. a los países que colaboren en la opresión del pueblo cubano».
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