El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia emitió este miércoles una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, a quien acusa de «complicidad en terrorismo».
El comunicado del FSB señala que la medida se enmarca en una investigación penal sobre el presunto uso de la plataforma por parte de los servicios de inteligencia ucranianos para reclutar a jóvenes rusos en actividades de sabotaje.
La acusación concreta gira en torno al bot de citas Leo Match, prohibido en Rusia. Según la BBC, el FSB sostiene que Telegram se negó a eliminarlo y que agentes ucranianos lo utilizaban haciéndose pasar por chicas jóvenes para contactar y luego chantajear a hombres rusos.
Según el FSB, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años han sido detenidos desde julio de 2025 en distintas regiones del país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte tras ser captados a través de ese bot.
Durov, que se encuentra en Francia, ya había anticipado esta ofensiva legal: a principios de este año denunció públicamente que Moscú había abierto una investigación penal en su contra y acusó a las autoridades de fabricar pretextos para restringir Telegram en lo que describió como un intento de «suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión».
La orden de captura llega en un momento en que Telegram ocupa un lugar incómodo para el Kremlin dentro del ecosistema informativo de la guerra en Ucrania.
Por un lado, la plataforma es el canal preferido de los llamados voenkory, los blogueros militares pro-Kremlin que difunden propaganda a favor de la «operación militar especial».
Por otro, esa misma plataforma alberga canales que publican con relativa libertad reportes de derrotas militares rusas, imágenes de ataques de drones ucranianos sobre refinerías e infraestructura en suelo ruso, y un descontento social creciente con la guerra y con la figura de Vladimir Putin.
Esa dualidad convierte a Telegram en una amenaza estructural para el control informativo del Kremlin, que lleva años intentando doblegar a la plataforma sin lograrlo. Acorde a Reuters, en 2018 Rusia ordenó su bloqueo total tras negarse Durov a entregar las claves de cifrado al FSB, pero la medida fracasó porque los usuarios la sorteaban con redes privadas virtuales y fue levantada en 2020.
Desde entonces, el gobierno de Putin ha promovido su propio servicio de mensajería estatal, MAX, como alternativa, e impulsado restricciones digitales sin precedentes que afectan también a WhatsApp.
Durov, nacido en Rusia y naturalizado francés en 2021, también enfrenta un proceso judicial en Francia que no ha sido resuelto: fue detenido en agosto de 2024 al bajar de un avión cerca de París e imputado por delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo distribución de material de abuso sexual infantil, tráfico de drogas, fraude y negativa a cooperar con investigadores.
La justicia francesa le impuso en su momento una fianza de 5 millones de euros y la prohibición de salir del país, restricciones que se han relajado gradualmente desde 2025.
La orden de búsqueda internacional emitida este miércoles representa la escalada más grave hasta la fecha en la pugna entre el Kremlin y la plataforma de mensajería más utilizada en Rusia, y pone a Durov en el centro de dos procesos judiciales simultáneos en países con sistemas legales y motivaciones radicalmente distintos.
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